La fosa común de Pedro Amaro sigue bajo revisión: georradares buscan nuevos restos humanos en panteón de Jojutla

La fosa común del panteón de Pedro Amaro, en Jojutla, Morelos, volvió a ser inspeccionada con un georradar y un dron para determinar si hay más restos humanos en el sitio. La diligencia se realizó el lunes 19 de octubre, con la participación de especialistas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y bajo la supervisión de colectivos de familiares de personas desaparecidas, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Los resultados de la prospección permitirán establecer si existen más indicios biológicos bajo el terreno y si es necesario continuar con las excavaciones. Hasta el 20 de octubre, las autoridades no habían informado de nuevos restos recuperados durante esta revisión, pues el equipo técnico debe presentar sus conclusiones para definir los siguientes pasos.

Durante la diligencia, los especialistas retiraron la carpa, el geotextil y las placas de madera que cubrían el área intervenida, prepararon el terreno para utilizar el georradar y tomaron fotografías aéreas con un dron. El equipo multidisciplinario de la CNB estuvo integrado por especialistas en geología, geofísica, arqueología, antropología y criminalística.

En los trabajos participaron también la Fiscalía estatal, la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la policía municipal de Jojutla, además de representantes de colectivos de búsqueda.

Los dictámenes de la quinta fase avanzaban en septiembre

La nueva prospección se acordó durante una reunión realizada a principios de septiembre, cuando la Fiscalía presentó a los colectivos los avances de la quinta fase de exhumaciones, desarrollada entre marzo y abril de 2026.

En esa etapa se recuperaron y registraron 46 indicios biológicos. De acuerdo con los resultados preliminares difundidos al concluir los trabajos de campo, 24 correspondían a personas fallecidas cuyos restos conservaban partes suficientes para realizar análisis genéticos. Los otros 22 indicios eran segmentos humanos y fragmentos óseos que también debían someterse a estudios periciales. Durante la intervención se reportaron, además, restos de dos infantes y un resto fetal.

La Fiscalía señaló que los restos no eran de origen reciente, pues la última inhumación documentada en la carpeta de investigación correspondía a junio de 2014. Tras la recuperación, el trabajo pasó a la etapa de laboratorio para procesar los indicios y avanzar en su identificación.

El 6 de septiembre, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que los dictámenes periciales de la primera etapa tenían un avance del 100 por ciento, mientras que los correspondientes a la segunda etapa alcanzaban el 88 por ciento. Los análisis comprendían fotografía, medicina, antropología, odontología, genética, criminalística, prendas y lofoscopía.

La Fiscalía no presentó esos porcentajes como una cifra de personas identificadas, sino como el avance en la emisión de dictámenes periciales. La identificación de cada persona depende de los resultados técnicos y, cuando es posible, de la confronta genética con muestras de familiares.

La fosa fue utilizada para sepultar cuerpos no identificados en 2014

El origen del caso se remonta a junio de 2014, cuando la entonces Procuraduría General de Justicia de Morelos solicitó al Ayuntamiento de Jojutla autorización para inhumar 35 cadáveres que permanecían en el Servicio Médico Forense (Semefo). De acuerdo con documentos municipales citados en la prensa local, la petición se presentó el 6 de junio y correspondía a personas fallecidas entre 2011 y 2014 que no habían sido identificadas o reclamadas por sus familiares.

La dependencia argumentó que necesitaba espacio en las instalaciones del Semefo. Los cuerpos fueron sepultados en julio de ese año en una fosa común del panteón de la comunidad de Pedro Amaro.

El problema que se reveló posteriormente no consistía sólo en que los cadáveres estuvieran enterrados en una fosa común. La revisión se centró en las condiciones en que se realizaron las inhumaciones y en la falta de procedimientos forenses suficientes para individualizar e identificar los restos. La documentación disponible tampoco coincidía plenamente con la cantidad de cadáveres que terminaron apareciendo durante las excavaciones.

La existencia de la fosa se hizo pública en junio de 2016, en medio de la presión generada por el caso de Tetelcingo, en Cuautla, donde también se documentaron irregularidades en la inhumación de personas fallecidas. Las exigencias de familiares de desaparecidos, colectivos y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) impulsaron la revisión de las prácticas de la Fiscalía.

Ese mes, el entonces fiscal estatal, Javier Pérez Durón, informó que en Pedro Amaro se habían sepultado alrededor de 30 cadáveres sin identificar o reclamar. La autoridad anunció que abriría la fosa para recuperar los restos, obtener muestras genéticas y tratar de establecer la identidad de las personas.

Las primeras exhumaciones revelaron más restos de los previstos

Las excavaciones comenzaron el 21 de marzo de 2017. La intervención partió de los 35 cuerpos que la autoridad había reconocido, pero desde la primera jornada se encontraron decenas de fragmentos óseos y otros indicios que ampliaron las dudas sobre el número de personas enterradas.

Los trabajos continuaron durante marzo y abril, con la participación de especialistas de la Fiscalía estatal, la entonces Procuraduría General de la República, la Policía Federal, la UAEM y organismos de derechos humanos. Los colectivos de familiares de personas desaparecidas también estuvieron presentes para observar las diligencias y exigir que cada hallazgo quedara documentado.

Al cierre de esa primera intervención, los reportes públicos contabilizaron restos de 84 personas recuperados entre el 21 de marzo y el 27 de abril, muy por encima de los 35 cadáveres previstos inicialmente. En la parte final de los trabajos aparecieron otros dos cuerpos, pero la presencia de tumbas particulares impidió continuar las excavaciones en esa zona.

La diferencia entre el registro inicial y los hallazgos se convirtió en uno de los principales cuestionamientos sobre el manejo de la fosa. Además, los restos recuperados debían pasar por análisis forenses para determinar a cuántas personas correspondían y establecer si era posible identificarlas.

En junio de 2017 se realizaron trabajos de sondeo para descartar la existencia de más entierros en las inmediaciones. Las diligencias respondieron a las exigencias de los familiares y colectivos, que pedían ampliar la búsqueda y no limitarla al espacio que las autoridades habían reconocido inicialmente.

Las intervenciones continuaron en 2022, 2024 y 2025

La revisión de Pedro Amaro no concluyó con las primeras exhumaciones. La Fiscalía realizó nuevas intervenciones en 2022 y 2024, antes de reanudar los trabajos en mayo de 2025 con una cuarta fase.

Entre el 26 de mayo y el 19 de junio de 2025, los especialistas registraron 83 indicios. La Fiscalía precisó que seis estaban relacionados con infantes y uno con restos fetales, pero advirtió que no debían contabilizarse automáticamente como cuerpos: cada indicio tenía que someterse a estudios para confirmar su naturaleza, individualización e identificación.

La cuarta fase fue suspendida el 19 de junio debido a las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Erick y al riesgo de derrumbe de un muro cercano a la excavación. Antes de interrumpir los trabajos, las autoridades acordaron continuar los análisis periciales y desarrollar perfiles genéticos de los restos recuperados.

Al presentar los resultados de esa fase, la Fiscalía informó que desde 2017 se habían localizado 219 indicios en el sitio, de los cuales 78 contaban con perfil genético. Esa cifra reflejaba el estado de los registros en junio de 2025 y no debe confundirse con el total de personas identificadas.

La quinta fase comenzó en marzo de 2026, después de que se acordara con los colectivos retomar la intervención. Durante los trabajos de campo, que concluyeron en abril, se recuperaron los 46 indicios biológicos cuyo análisis continuó durante los meses siguientes.

El georradar definirá si se necesitan nuevas excavaciones

La prospección del 19 de octubre busca determinar si todavía hay indicios bajo el terreno que ameriten nuevas excavaciones. El georradar permite explorar el subsuelo sin abrirlo de inmediato, mientras que las fotografías aéreas ayudan a documentar las condiciones del área intervenida.

Sin embargo, la detección de anomalías en el subsuelo no confirma por sí misma la presencia de restos humanos. Cualquier posible hallazgo debe verificarse mediante una diligencia de campo y documentarse conforme a los procedimientos forenses.

El siguiente paso depende del informe técnico de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la coordinación con las autoridades y los colectivos. Hasta que se den a conocer esos resultados, no existe una cifra confirmada de nuevos restos recuperados durante la revisión de octubre.

En Pedro Amaro siguen abiertas dos tareas: determinar si hay más indicios en la fosa y avanzar en la identificación de los restos que ya fueron recuperados. La prospección más reciente busca responder a la primera; los análisis genéticos y periciales son fundamentales para resolver la segunda.