Desde una cárcel en Ciudad Juárez, un ciudadano estadounidense dirigía el tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia EEUU: hay cinco acusados

Cinco personas enfrentan cargos federales por integrar una organización que distribuía metanfetamina y fentanilo en el sur de Nuevo México, coordinada desde una prisión mexicana por un ciudadano estadounidense que terminó entregándose a las autoridades este mes.

Según documentos judiciales, la investigación comenzó a mediados de 2025, cuando el FBI, la unidad Las Cruces/Doña Ana County Metro Narcotics y Homeland Security Investigations (HSI) detectaron una organización que trasladaba droga desde Ciudad Juárez, México, hacia comunidades del sur de Nuevo México.

Un coordinador tras las rejas en México

Los investigadores identificaron a Félix Anthony Salazar III, de 34 años, ciudadano estadounidense que permanecía encarcelado en Ciudad Juárez, como el presunto articulador de las transacciones con compradores en territorio estadounidense.

La causa resume qué pasó con la red: operativos encubiertos documentaron tres entregas de droga entre septiembre y octubre de 2025 en localidades del sur de Nuevo México, coordinadas telefónicamente por Salazar desde la cárcel mexicana, hasta que se entregó a la policía estadounidense el 11 de octubre de 2026 tras cruzar la frontera.

El 5 de septiembre de 2025, Salazar organizó la primera transacción: un agente encubierto compró aproximadamente un kilogramo de metanfetamina por 3 mil 800 dólares en Anthony, Nuevo México.Yadira Lizett Cano, de 28 años, de El Paso, Texas, condujo el vehículo hasta el punto de encuentro junto a un pasajero de 16 años, quien entregó la droga y cobró el pago. Las pruebas de laboratorio confirmaron 973 gramos de metanfetamina pura. Los investigadores alegan que Cano utilizó a sabiendas al menor para facilitar la operación.

Segunda entrega y nuevos nombres en la causa

El 17 de septiembre de 2025, Salazar organizó una segunda transacción por medio kilogramo de metanfetamina en Sunland Park, Nuevo México, a cambio de mil 800 dólares. Moses Andrew Gonzales, de 36 años, y Martha Janeth Grijalva Fierro, de 36 años, ambos de El Paso, llegaron juntos al lugar. Gonzales entregó la droga al agente encubierto.

Las comunicaciones entre Salazar y Grijalva Fierro, según los investigadores, la vincularon directamente con el acuerdo. El análisis de laboratorio confirmó 468 gramos de metanfetamina pura en este segundo operativo.

Metanfetamina y fentanilo en la última entrega documentada

El 24 de octubre de 2025, Salazar organizó una tercera transacción que incluyó metanfetamina y píldoras de fentanilo en Las Cruces. Suleima Eidali Miranda, de 31 años, condujo al agente encubierto hasta una residencia, donde entregó los paquetes a cambio de 2 mil dólares.

Las pruebas de laboratorio confirmaron aproximadamente 984 gramos de metanfetamina pura y 251 gramos de fentanilo en esta entrega, la de mayor volumen combinado de las tres operaciones registradas en la causa.

Los cargos contra cada acusado

Salazar, Cano, Gonzales, Grijalva Fierro y Miranda enfrentan el cargo federal de conspiración para distribuir metanfetamina. A ese cargo se suman acusaciones específicas según el rol de cada uno en la organización.

Cano también está acusada de distribución de metanfetamina y de usar a un menor en una operación de drogas. Gonzales y Grijalva Fierro enfrentan cargos de distribución de metanfetamina. Miranda está acusada de distribución de metanfetamina y fentanilo, además de conspiración para distribuir fentanilo junto a Salazar.

Detención y estado actual del caso

Los cinco acusados fueron arrestados y permanecen bajo custodia federal. Salazar, que había estado encarcelado en Ciudad Juárez, se entregó a la policía estadounidense el domingo por la noche, 11 de octubre de 2026, luego de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

El primer asistente del fiscal de Estados Unidos, Ryan Ellison, y el agente especial a cargo, Justin A. Garris, de la oficina de campo del FBI en Albuquerque, anunciaron el caso. La Agencia Residente de Las Cruces de esa oficina investigó la causa con la asistencia de Las Cruces/Doña Ana County Metro Narcotics y HSI. La asistente del fiscal de Estados Unidos Devon Aragón Martínez está a cargo del procesamiento judicial.

El marco del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional

La investigación se enmarca en la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida por la Orden Ejecutiva 14159, “Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión”. Se trata de una asociación de todo el gobierno dedicada a desarticular cárteles criminales, bandas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de contrabando y tráfico de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos.

A través de la colaboración interinstitucional, el HSTF dirige recursos de las fuerzas del orden hacia la identificación, investigación y enjuiciamiento de delitos cometidos por estas organizaciones. El grupo pone énfasis particular en la investigación de casos que involucran trata de niños u otros delitos contra menores, además de utilizar las herramientas disponibles para procesar y expulsar a extranjeros criminales violentos de Estados Unidos.

Las autoridades recordaron que una denuncia penal constituye únicamente una acusación, y que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.