Los sindicatos que se convirtieron en ‘fachada’ para cobrar piso: cómo operaba red de extorsión en la Central de Abasto de Ecatepec, según la FGJEM

Una investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a partir de 13 denuncias y desarrollada durante seis meses identificó, según la propia dependencia, una red que habría utilizado organizaciones con apariencia sindical para cobrar cuotas a comerciantes, franeleros y pepenadores de la Central de Abasto de Ecatepec. El esquema incluía cobros diarios y semanales, amenazas y otros delitos como secuestro exprés, despojo y narcomenudeo.

Las indagatorias derivaron en 10 detenciones realizadas entre julio y septiembre, entre ellas las de dos dirigentes de organizaciones sindicales y una agente del Ministerio Público señalada por presuntamente filtrar información a integrantes de la estructura. La FGJEM hizo pública la desarticulación el 9 de septiembre y aseguró que la red operaba en la Central y sus alrededores.

La indagatoria refiere cobros diarios para franeleros, pepenadores y comerciantes

De acuerdo con la investigación ministerial, alrededor de 100 franeleros que trabajaban en la zona entregaban 250 pesos diarios para poder realizar sus actividades. A los pepenadores, siempre según la Fiscalía, se les exigían 20 pesos al día, mientras que las bodegas y comercios debían pagar cantidades de entre 500 y mil pesos, dependiendo de sus dimensiones.

La FGJEM relacionó este esquema con Miguel Ernesto “N”, alias “El Maiky”, quien había sido detenido en agosto de 2025 por un delito relacionado con la portación de un arma de fuego. La dependencia sostiene que, después de esa captura, Laura “N” habría asumido el cobro de cuotas junto con su hija Magaly “N”.

Ambas fueron detenidas el 21 de agosto y posteriormente vinculadas a proceso por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, de acuerdo con la información difundida sobre la investigación.

La Fiscalía también señaló a un grupo de cuatro hombres —Marco Antonio “N”, Roberto “N”, alias “El Abeja”, Vladimir Alejandro “N”, alias “El Mudo”, e Iván “N”— por presuntamente dedicarse a la venta de estupefacientes y utilizar la violencia para exigir pagos a comerciantes.

Dos organizaciones sindicales aparecen en la investigación

Entre los principales señalados por la FGJEM están Jorge Antonio “N”, alias “Coronel”, y Alejandro “N”, alias “El Gordo”.

La Fiscalía identifica a “Coronel” como uno de los dirigentes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), mientras que “El Gordo” es señalado como dirigente de la Organización de Comercio, Transporte, Productores y Campesinos de Alta Participación Social de México (COTRAMEX). La dependencia sostiene que ambas organizaciones habrían sido utilizadas como fachada para actividades delictivas.

La primera captura ocurrió el 4 de julio, cuando “Coronel” fue detenido en Tizayuca, Hidalgo. Posteriormente fue vinculado a proceso por secuestro exprés con fines de extorsión y quedó recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

“El Gordo”, por su parte, fue detenido el 19 de agosto. Dos días después fueron capturadas Laura “N” y Magaly “N”, señaladas por la Fiscalía como cobradoras de cuotas.

La investigación se desarrolló a través de varios operativos: el 4 y 6 de julio, el 12, 19 y 20 de agosto, y finalmente el 9 de septiembre, cuando fue detenida una agente del Ministerio Público.

“El Gordo” habría utilizado cargos públicos para intimidar

La FGJEM también atribuyó a Alejandro “N” una segunda forma de intimidación: según la investigación, se presentaba falsamente como Fiscal Regional, agente del Ministerio Público, magistrado, legislador o abogado.

La Fiscalía relacionó esta conducta con un caso ocurrido el 16 de febrero en Santiago Tolman, Otumba. Según la indagatoria, una familia fue interceptada y uno de los agresores habría exigido 100 mil pesos bajo la amenaza de llevarla ante las autoridades.

En otro expediente, la Fiscalía señaló a Enrique “N”, alias “Siddhartha”, como un presunto prestamista que cobraba réditos y cuotas a comerciantes bajo amenazas de despojo. La dependencia documentó el caso de una vendedora de cosméticos a quien, según su investigación, exigió 500 pesos semanales en mayo.

“Siddhartha” fue detenido el 12 de agosto y vinculado a proceso por extorsión el 2 de septiembre.

Una agente del Ministerio Público es señalada por filtrar información

La última detención de la investigación ocurrió el 9 de septiembre y tuvo como protagonista a Isela “N”, una agente del Ministerio Público de la propia Fiscalía mexiquense.

Según la FGJEM, la servidora pública habría proporcionado información sobre investigaciones en curso y alertado a “El Gordo” sobre operativos que pudieran afectar las actividades de la estructura investigada. La dependencia sostiene que esa información habría permitido a los señalados anticiparse a acciones de las autoridades.

Isela “N” fue puesta a disposición de la autoridad judicial en el Centro Penitenciario de Cuautitlán por su probable participación en el delito de extorsión.

Su caso es distinto al de los demás detenidos porque la acusación no se refiere únicamente a la participación en los cobros o amenazas, sino a una presunta colaboración desde el interior de la institución encargada de investigar los delitos.

La Fiscalía aseguró seis inmuebles, 20 vehículos y decenas de animales vinculados a “Coronel”

Como parte de las diligencias, la Fiscalía reportó el aseguramiento de seis propiedades relacionadas con Jorge Antonio “N”, entre ellas un despacho de abogados en Ecatepec, un salón de fiestas, una escuela y dos ranchos ubicados en Axapusco.

En el llamado Rancho Coronel fueron localizados tractores, maquinaria agrícola, remolques y distintos animales: 87 borregos, 24 caballos, 15 burros, nueve cerdos y dos ponis.

También fueron asegurados 20 vehículos, entre camionetas, automóviles, dos autos clásicos y una cuatrimoto. La Fiscalía informó que investigaría la procedencia y licitud de los recursos utilizados para adquirir y mantener esos bienes.

Comerciantes rechazan que exista una red de extorsión dentro de la Central

La versión de la FGJEM fue cuestionada posteriormente por representantes de comerciantes, productores y condóminos de la Central de Abasto.

En una asamblea extraordinaria realizada el 17 de septiembre ante un fedatario público y con representantes de derechos humanos y seguridad, los asistentes fueron consultados sobre si habían sido víctimas de extorsión u otros delitos dentro del complejo. Según los organizadores, ninguno respondió afirmativamente y tampoco identificó a Jorge Antonio “N”, alias “Coronel”.

La representación de los comerciantes también sostuvo que algunas de las personas mencionadas en la investigación no forman parte de los órganos directivos de la Central y pidió a la Fiscalía precisar qué relación existe entre los detenidos y el centro de abasto.

Los representantes afirmaron además que invitaron a la FGJEM a participar en la reunión, pero ningún funcionario de la dependencia acudió.

El presidente del Consejo Directivo de la Central de Abasto, Octavio Martínez Vargas, ha cuestionado que las detenciones sean presentadas como una operación realizada dentro del complejo. Una de las capturas, por ejemplo, ocurrió en Tizayuca, Hidalgo, mientras que otras diligencias se realizaron en distintos puntos del Estado de México.

Así, mientras la FGJEM sostiene que sus seis meses de investigación y 13 denuncias permitieron identificar una estructura vinculada con extorsiones, secuestros exprés, despojos y narcomenudeo en la Central y sus inmediaciones, los representantes del centro comercial rechazan que exista una red de ese tipo operando dentro de sus instalaciones y piden que la autoridad precise los vínculos concretos de los investigados con la Central.

Hasta ahora, ambas versiones permanecen diferenciadas: la Fiscalía sostiene las imputaciones derivadas de su investigación y los comerciantes niegan que estas puedan atribuirse de manera general al conjunto de la Central de Abasto.