Señalan a la Senadora Viggiano de presunta venta a empresa “fantasma” y recibir esta cantidad millonaria como pago

La secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Senadora Alma Carolina Viggiano Austria, habría recibido recursos millonarios por la presunta venta a sobreprecio de un terreno, desde una compañía sancionada e integrante de una red de empresas presuntamente catalogadas como “fachada” o “fantasma”, de acuerdo a señalamientos públicos evidenciados en redes sociales.

De acuerdo a los señalamientos y documentos compartidos, la excandidata priista a la gubernatura del Estado de Hidalgo, habría comprado el 11 de enero del 2011 una parcela de siete hectáreas con el número 56 Z-1 P2/2, al comerciante Simón Alonso Galindo en el municipio de Zempoala, Hidalgo, por el que pagó 2 millones de pesos, según consta en la escritura 20491, emitida por la Notaría Pública 18 de Pachuca.

Una lucrativa parcelita

El presunto entramado financiero de Viggiano Austria para allegarse de millones de pesos, de acuerdo con documentos oficiales en poder de XPECTRO FM, incluyó un terreno, adquirido a un comerciante ubicado en el municipio de Zempoala y la participación de la empresa de espectáculos deportivos y artísticos Jergui SA de CV.

Luego de siete años de la presunta compra de las siete hectáreas en el 2011 por parte de la ahora senadora de la República, la parcela habría sido vendia a Jergui S.A. de C.V. en el 2018 por 17 millones 900 mil pesos, dos meses después de dejar su tercera diputación federal en 2018.

La empresa y su administrador único realizaron un total de siete pagos: una transferencia de presuntos cinco millones de pesos el día de la firma del contrato de compra-venta; luego cinco pagos mensuales de dos millones de pesos cada uno de ellos; y un último pago de dos millones 900 mil pesos, recursos que ingresaron al sistema financiero mexicano.

La compañía fue constituida oficialmente el 18 de octubre del 2013, según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno federal, con dos socios únicos, los hermanos Omar Guillermo y Enrique Segura Zerecero.

De acuerdo con el folio mercantil número 14188, Omar Guillermo contó con una participación accionaria del 60 por ciento y es nombrado como administrador único; y a Enrique se le asigna el 40 por ciento de las acciones de la compañía que acabó siendo boletinada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo como presunta empresa fantasma.

Un presunto dato relevante, es que esta empresa en su objeto social sólo contempla el alquiler sin intermediación de viviendas y otros inmuebles. No se especifica la compraventa de bienes inmuebles, lo cual estaría presuntamente contraviniendo el artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que las sociedades mercantiles “sólo pueden realizar” los actos necesarios para el cumplimiento de su objeto social.

Jergui adquirió el terreno en noviembre del 2018 y a la fecha no ha realizado ningún tipo de adecuaciones u obras a un activo que se compró en ocho veces desde su valor original.

En un recorrido en campo de XPECTRO FM, se constató que se trata de un predio rústico sin urbanidad cercana, tiene caminos de terracería colindantes y vías de tren a un costado. El terreno no cuenta con bardas perimetrales, ni cercas, ni letreros de propiedad, caseta ni personal de vigilancia. No se aprecia ningún tipo de actividad en él.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) con clave de rol 300506 y 300707, identifica a esta empresa para 2026 como Persona Moral Riesgo y Contribuyente identificado en los modelos de riesgo ya que, conforme a los modelos analíticos del SAT, la compañía es considerada posible candidata a operaciones simuladas y susceptible de ser auditada.

La compañía Jergui fue vinculada en investigaciones oficiales con un presunto esquema de simulación de competencia y alianzas con otras compañías para obtener contratos gubernamentales millonarios.

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Hidalgo en el año 2023 sancionó a esta empresa con la cancelación por un periodo de cinco años, de su registro como proveedor del Gobierno de Hidalgo y que fue catalogada como presunta empresa fantasma.

Además de formar parte de un paquete de compañías sancionadas por presuntamente haber participado como empresas comparsas, presentando cotizaciones infladas o documentación incompleta para favorecer a firmas aliadas, entre ellas Producciones Áutica S.A. de CV.

Ante ello, Jergui junto con 49 empresas más, fue boletinada por ser consideradas presuntas empresas fachada o fantasma, simulación de operaciones y falta de activos reales o personal para respaldar los servicios contratados durante administraciones pasadas.

Jergui S.A. de C.V., fue la encargada de instalar pistas de hielo dentro del Programa Coahuila Brilla del gobierno de Rubén Moreira Valdez, cuando Carolina Viggiano fungió como Presidente del Sistema DIF de ese estado.

La empresa considerada presunta fantasma operó en cuatro ciudades; Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras, entre 2012 y 2015.

El representante legal de la empresa en ese entonces, Jorge Pablo Carrasco Castillo, declaró en medios de prensa locales en 2015, que era el cuarto año que la empresa trabajaba con el Gobierno del Estado a través del DIF estatal.

En ese entonces la presidente del DIF Estatal era Alma Carolina Viggiano, esposa de Rubén Moreira y contrató por primera vez a esta empresa para instalar las pistas de hielo a tan sólo tres meses de su constitución.

Jergui, el presunto lodazal de corrupción

Las investigaciones oficiales de la red de presuntas empresas fachada, donde está incluida Jergui S.A. de C.V., descubrieron además una presunta simulación de competencia y alianzas empresariales para obtener millonarios contratos en Hidalgo.

Además de Jergui S.A. de C.V., en la lista de compañías sancionadas apareció Producciones Áutica, S.A de C.V. la cual obtuvo millonarios contratos en Hidalgo y se le señaló de presuntamente acaparar contratos en Coahuila, donde gobernaba Rubén Moreira, esposo de la actual senadora.

El dueño de Producciones Áutica, Javier Arturo Aguilera Peña, reconoció públicamente sostener una relación de amistad con Aldo Viggiano Austria, hermano de Carolina Viggiano Austria, quien en ese periodo era la primera dama de Coahuila.

“Somos contemporáneos, somos de la edad. Coincidíamos en restaurantes, en comidas. Si nos invitaban a una fiesta, pues tenemos amigos en común. No es mi súper amigo, pero no niego su amistad”, dijo en su momento.

En declaraciones públicas, el titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo, Álvaro Martín Bardales Ramírez, confirmó que el paquete de 49 empresas a las que se canceló el padrón, formaban parte de una investigación global relacionada con una presunta red de corrupción.

Se trató de tres grupos de empresas investigadas: presuntas empresas fantasmas, empresas con presunta documentación falsa para su registro y un tercer grupo vinculado a presuntas estafas; en la lista total de compañías sancionadas e investigadas se encuentra Jergui S.A. de C.V., Producciones Áutica y Creaciones , Espectáculos y Producciones de México S.A de CV.

El presunto modus operandi consistía en que Producciones Áutica presentaba la oferta técnica principal, pero para cumplir con el requisito de ley de tener al menos tres propuestas en invitaciones restringidas, se ingresaban las cotizaciones de otras compañías aliadas.

Las investigaciones de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo descubrieron que empresas presuntamente inflaban intencionalmente sus precios o presentaban documentación incompleta para garantizar que el fallo beneficiara siempre a Áutica, todo ello bajo la gestión del titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, Martiniano Vega Orozco, procesado penalmente.

El caso más sonado fue la presunta asignación de un paquete de ocho contratos en un solo día por un monto total de 71 millones de pesos, utilizando la emergencia sanitaria por COVID-19 como presunta fachada.

De acuerdo con los expedientes oficiales, en junio de 2021 la Oficialía Mayor emitió convocatorias simultáneas bajo el formato de invitación restringida a tres proveedores: entre las firmas convocadas estaba Producciones Áutica S.A. de C.V.

A pesar de su nula experiencia en el ramo médico, concursó de manera simultánea para adjudicarse la proveeduría de insumos sanitarios, tales como el arrendamiento de lavamanos portátiles, dotación de jabón antiséptico y toallas inter-dobladas para oficinas gubernamentales.

Las auditorías estatales confirmaron que el concurso fue una presunta simulación planeada en la que las invitaciones se cruzaron intencionalmente, donde compañías operaron únicamente como una “comparsa” legal para inflar cotizaciones y simular competencia, garantizando que los fallos millonarios beneficiaran directamente a la presunta red corporativa de Áutica.

Al simular que competían entre sí, se presuntamente aseguraban que los montos asignados se quedaran siempre dentro de la misma red de empresas; por ejemplo, la empresa Producciones Áutica S.A. de C.V. acumuló un extenso historial de contratos gubernamentales millonarios en Hidalgo.

Durante el gobierno del ex priista Omar Fayad Meneses, Producciones Áutica logró la adjudicación directa de un contrato por 44 millones de pesos; aunque en total obtuvo tres por más de 67 millones de pesos; además contratos con el PRI de Hidalgo por más de cinco millones de pesos por la contratación de cantantes, renta de equipo de iluminación y sonido para eventos partidistas y cobertura de eventos de la campaña.

Un presunto modus operandi como hábito

Previamente, XPECTRO FM documentó que la secretaria general del PRI, senadora y exdiputada federal adquirió, con montos sustancialmente inferiores a los valores reales, dos terrenos en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Pachuca, donde construyó una residencia de lujo.

Documentos catastrales, notariales y de tesorerías municipales dieron cuenta de que la excandidata del PRI perdedora y esposa del exgobernador de Coahuila, el priista Rubén Moreira, pagó en conjunto 1 millón 392 mil pesos, frente a un valor señalado de 3 millones 810 mil pesos.

En los dos terrenos, uno de ellos comprado al exfutbolista colombiano Andrés Chitiva y otro a una persona identificada como Carlos Ibarra Sánchez, edificó una residencia de aproximadamente 813 metros cuadrados de construcción, cuyo valor ha sido estimado en alrededor de 30 millones de pesos.