La nueva lógica de los coches bomba en México: expansión, miedo y presión sobre autoridades

Durante 2026 se han registrado cinco ataques con coches bomba en México. El último ocurrió en Ojocaliente, Zacatecas, donde un vehículo cargado con alrededor de 200 kilogramos de explosivos detonó frente a una comandancia de policía y dejó 11 personas heridas, además de importantes daños materiales.

El atentado se sumó a otros cuatro ataques registrados este año y volvió a colocar el uso de explosivos en el centro de la violencia criminal. Sin embargo, para Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública, detrás del regreso de esta modalidad existe una lógica que va más allá de la capacidad para causar daños.

Los coches bomba no han reaparecido de manera aleatoria. En entrevista con Infobae México, Sánchez explicó que los ataques de la actual oleada se concentran en territorios disputados, particularmente en regiones donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) busca expandirse o enfrenta a otras organizaciones criminales.

Además, estas explosiones cumplen funciones que van más allá de un objetivo inmediato: permiten demostrar capacidad operativa, producir un impacto social y mediático, presionar a autoridades locales y, eventualmente, convertirse en una herramienta que otros grupos criminales decidan replicar.

“Lo que distingue a esta tercera ola es el uso por parte del Cártel Jalisco (CJNG) en aquellas entidades que se puede decir que son una frontera criminal, en donde están buscando expandirse”, explicó el especialista.

Los coches bomba reaparecen en las fronteras de expansión criminal

La primera clave para entender la actual oleada está en el territorio. Sánchez identifica una relación entre las zonas donde han ocurrido los ataques y los principales frentes de expansión o disputa del CJNG. Guanajuato, Michoacán y Zacatecas son, bajo esta lógica, tres escenarios distintos de una misma estrategia criminal.

En Guanajuato, el CJNG mantiene una confrontación con el Cártel Santa Rosa de Lima. Para el investigador, la entidad representa una de las fronteras criminales que la organización jalisciense continúa disputando.

“Hay que recordar que Guanajuato es una entidad que tiene varios años como la que registra más homicidios del país y que es una entidad en la que vienen peleando el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Santa Rosa de Lima. Por tanto, se puede decir que es una de las fronteras criminales que hoy sigue disputando el Cártel Jalisco”, dijo.

El mismo patrón, explicó, puede observarse en Michoacán y Zacatecas, dos estados donde la disputa territorial ha coincidido con el uso de explosivos y otros artefactos. “Si nos fijamos dónde más explotan artefactos en esta tercera ola, está Michoacán, en la frontera con Jalisco, que es otro campo de batalla y frontera, y Zacatecas. En esta lógica de expansión del Cártel Jalisco, tiene control de la parte sur de Zacatecas y el norte le corresponde a los Cabrera de La Mayiza del Cártel de Sinaloa”.

Para Sánchez, esta distribución permite identificar una característica de la actual oleada: los explosivos aparecen en regiones donde el equilibrio criminal todavía está en disputa.

La relación entre los coches bomba y las reconfiguraciones territoriales tampoco es nueva. El investigador explicó que las tres oleadas que ha identificado en México ocurrieron después de fracturas o enfrentamientos que modificaron el mapa criminal.

La primera (1992-1994) comenzó después de la fragmentación del Cártel de Guadalajara a finales de la década de 1980. Tras la caída de sus principales líderes, distintos capos y familias quedaron al frente de territorios específicos, pero el acuerdo comenzó a romperse cuando algunas organizaciones utilizaron rutas ajenas sin respetar los pagos establecidos.

“Cuando caen los principales líderes del Cártel de Guadalajara, se establecen territorios controlados por diferentes capos o familias. Tijuana, por ejemplo, se da a los Arellano Félix; Mexicali se da para el Mayo; Juárez se da para Amado Carrillo; Culiacán se da para el Chapo y el Güero Palma. La idea era que deberían seguir siendo una misma organización y que cuando pasaran por los territorios de otros pagaran cuota de peaje, como una especie de impuesto. Sin embargo, empezaron pronto a meter cargamentos por ciudades y no pagaban, y entonces eso hizo que hubiera una disputa”.

La primera oleada fue breve, pero surgió en medio de esa confrontación territorial. La segunda comenzó dos décadas después (2010-2020), también en un escenario de ruptura entre organizaciones criminales.

“En la segunda oleada, en 2010, tenemos primero los ataques de La Línea, pero después viene la ruptura entre Los Zetas y el Cártel del Golfo. Entonces, de nuevo, hay una disputa por territorios. Ese es un elemento que está presente en las tres oleadas”.

La diferencia de la actual etapa está en que el uso de coches bomba ahora forma parte de un entorno donde los grupos criminales también han incorporado drones explosivos, minas terrestres y otros artefactos improvisados para disputar o defender territorios.

No se trata sólo de matar: el mensaje detrás de una explosión

El segundo elemento de esta nueva lógica tiene que ver con el objetivo de los ataques. Para Sánchez, la capacidad de provocar muertes no parece ser el principal propósito de un coche bomba. La demostración de fuerza y el impacto que produce una explosión pueden tener una utilidad mayor para la organización responsable.

El ataque de Ojocaliente es uno de los ejemplos más claros. En una lógica criminal:

“Yo tengo la capacidad operativa de conseguir, como en Ojocaliente, 200 kilos de explosivos, ponerlos en un auto, detonarlos a distancia y tronarlo enfrente de una estación de policía”.

La frase resume, para el investigador, uno de los principales mensajes de esta modalidad. La organización demuestra que consiguió los explosivos, preparó el vehículo, seleccionó el objetivo y ejecutó el ataque sin exponer necesariamente a quienes participaron en la operación.

La ventaja frente a una emboscada o un enfrentamiento directo también está en la distancia.

“A final de cuentas es eso: el poder activarlo a distancia, el no poner en peligro a su propia gente. Obviamente, el tamaño de la explosión es muy grande. La verdad es que no son tan letales (...). Es decir, no se está buscando tanto la letalidad, sino más bien el impacto social y mediático”.

Sánchez ha identificado 28 ataques con coches bomba desde 1992. La mayoría no dejó víctimas mortales, aunque sí provocó personas heridas, daños materiales y una amplia repercusión.

Por ello, desde la perspectiva de una organización criminal, un ataque puede cumplir su objetivo sin provocar una elevada cantidad de muertes.

“Su objetivo no es necesariamente matar personas. Claro que a veces sí, pero causa miedo. Entonces, un ataque de este tipo puede ser exitoso aunque no tenga muchas bajas, porque genera atención, tiene un impacto social y mediático y demuestra la capacidad de la organización”.

Los explosivos también pueden estar dirigidos contra diferentes destinatarios. No sólo se trata de atacar a una organización rival.

“Son artefactos que sirven no sólo enfocados en los rivales, sino también en las autoridades. Se trata de demostrar este músculo, para amedrentar a las autoridades y evitar que autoridades tanto locales como estatales ayuden a sus rivales”.

Esa capacidad de actuar sin exponer directamente a los agresores conecta a los coches bomba con otras formas de violencia que se han extendido durante los últimos años en regiones como Michoacán. Las minas terrestres pueden activarse cuando una persona o un vehículo pasa sobre ellas y los drones permiten lanzar explosivos desde una distancia considerable.

Pero el coche bomba conserva una característica particular: la capacidad de producir una explosión de gran magnitud en un punto específico y convertir el ataque en una demostración pública de fuerza.

La presión también llega a las autoridades locales

La tercera función que Sánchez identifica está relacionada con los gobiernos locales. En territorios disputados, explicó, la violencia puede utilizarse como un mecanismo para presionar a autoridades municipales o estatales y evitar que sus decisiones favorezcan a una organización rival.

El investigador fue enfático en que resulta difícil conocer las razones internas que llevan a un grupo criminal a decidir el uso de un coche bomba. Sin embargo, consideró que el contexto de los ataques permite observar un patrón.

“Es complicado explicarlo porque realmente son decisiones que se toman dentro de una organización criminal y no se hacen públicas las razones. Yo creo que va en el sentido de que, precisamente en territorios disputados, como Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, estamos también en el marco de transiciones, en donde si el gobierno del estado o los gobiernos municipales se van decantando de uno u otro lado, pueden ir inclinando la balanza o favoreciendo”.

En esa lógica, los explosivos no sólo cumplen una función militar o de confrontación directa: “También se convierten en mecanismos para presionar a las autoridades locales”.

Sánchez añadió que el contexto político de algunas de estas entidades puede incrementar el interés de las organizaciones criminales por influir en las condiciones locales. Zacatecas y Michoacán renovarán sus gubernaturas en 2027.

“Al menos en el caso de Zacatecas y Michoacán tendremos elecciones a la gubernatura el siguiente año. Entonces, eso tiene una implicación o un grado más de interés para ir condicionando esta transición”.

El especialista no presentó esa relación como un móvil comprobado detrás de cada uno de los ataques. Su planteamiento es que los procesos de transición política forman parte del contexto de territorios donde las organizaciones criminales buscan conservar o ampliar su influencia.

En ese escenario, la capacidad de realizar un atentado de gran magnitud puede convertirse en una forma de presión sobre autoridades que deberán tomar decisiones en regiones donde el control territorial continúa en disputa.

El riesgo de que otros cárteles comiencen a utilizarlos

La cuarta parte de la nueva lógica apunta hacia el futuro. Para Sánchez, el principal riesgo no es únicamente que continúe aumentando el número de ataques. También preocupa que otras organizaciones criminales comiencen a replicar la modalidad y que los coches bomba dejen de ser una herramienta utilizada por un número limitado de grupos.

La actual oleada sigue abierta y todavía no es posible establecer cuándo terminará.

“No sabemos si la tercera ola ha terminado o simplemente va a continuar en lo que resta del año y hasta 2027 o más allá. Ha habido importantes periodos sin ataques de coche bomba, pero no tenemos garantía de que vaya a haber otro periodo largo”.

El investigador explicó que uno de los escenarios más preocupantes sería que la actual etapa no se interrumpiera y que esta modalidad se consolidara dentro del repertorio de violencia criminal.

El posible proceso, explicó, ya tiene precedentes con otras herramientas.

“Podría haber una especie de contagio, como pasó con el tema de los drones explosivos, como pasó con el tema de las minas terrestres antipersonales; que se den estos procesos de contagio y entonces que los imiten y tengamos muchísimos más ataques con coches bomba de los que habíamos tenido en el pasado”.

El riesgo de esa reproducción es que una modalidad que históricamente ha sido poco frecuente comience a extenderse hacia nuevos territorios y organizaciones.

Hasta ahora, el CJNG ha sido identificado como el principal usuario de esta táctica durante la actual oleada, aunque Sánchez también recordó que existe un caso vinculado con Sinaloa. La posibilidad de que otros grupos aprendan a utilizarla modificaría por completo el alcance del fenómeno.

¿Son actos de terrorismo?

El impacto de los coches bomba también ha reactivado el debate sobre si este tipo de atentados debe ser considerado terrorismo.

Para Sánchez, el componente de alarma y el objetivo de producir un impacto social permiten encuadrarlos dentro de esa discusión.

“Es por ello que mucha gente habla de que se trata de actos terroristas. Yo coincido con esa apreciación”.

El especialista explicó que reconocer esta clasificación no necesariamente cambiaría la complejidad de las investigaciones para localizar a los responsables.

“Es que el proceso no cambia el hecho de las investigaciones. Es igual de complicado, a lo mejor, dar con el paradero de alguien que perpetra actos terroristas que alguien que trasiega drogas o que tiene un enfrentamiento armado”.

Las principales diferencias, señaló, aparecerían en las consecuencias jurídicas para quienes fueran condenados.

“Lo que sí cambia es evidentemente la pena. Las penas agravadas por terrorismo pueden incrementarse de forma importante, es decir, tener un mayor número de años si se recibe una sentencia condenatoria”.

Sánchez también consideró que la clasificación podría tener implicaciones en eventuales procesos de extradición hacia Estados Unidos.

“Y también facilitaría la extradición a los Estados Unidos, precisamente porque ya se designó a ocho cárteles como organizaciones terroristas. Entonces, quienes forman parte de los mismos ya tienen esa connotación y si además se prueba su participación en este tipo de actos, aunque sea en territorio mexicano, eso agrava la situación”.

Más allá del debate jurídico, los cinco ataques registrados durante 2026 muestran que los coches bomba han adquirido una nueva función dentro de la violencia criminal.

Para Víctor Sánchez, la explicación no está solamente en el explosivo o en la capacidad de destruir un objetivo. Está en el territorio donde ocurre el ataque, la disputa que existe alrededor de ese espacio y el mensaje que una organización busca enviar con la detonación.

En esa nueva lógica, un coche bomba puede servir para intentar avanzar en una frontera criminal, demostrar capacidad operativa, intimidar a autoridades y generar un impacto que trasciende el número de víctimas.

La principal incógnita es si la actual oleada volverá a interrumpirse o si, por el contrario, otros grupos criminales terminarán por adoptar una herramienta que hasta ahora ha demostrado su capacidad para modificar el escenario de una disputa territorial con una sola explosión.