
El despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, que representa a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una versión parcial del caso y pidió que se revise de manera integral la investigación.
Entre sus principales señalamientos está el cateo de una bodega relacionada con uno de los hermanos y la documentación que la Fiscalía busca vincular con ellos.
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La defensa afirmó que la orden para catear la bodega arrendada por Manuel Roberto Farías Laguna fue emitida desde el 1 de febrero de 2026, por lo que rechazó que el procedimiento pueda ser presentado como un hallazgo reciente dentro de la investigación.
Según el despacho, durante el cateo no fueron localizadas armas ni documentos confidenciales de seguridad nacional. La defensa también sostuvo que los documentos que la FGR pretende atribuir a los hermanos Farías Laguna no fueron firmados por ellos, sino por el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
La defensa pide acceso a información de la Secretaría de Marina
A partir de esas diferencias, los abogados solicitaron acceso a la carpeta de investigación completa y a los documentos que permanecen en poder de la Secretaría de Marina. Su argumento es que esa información permitiría establecer el origen de los documentos y determinar qué funcionarios tuvieron conocimiento de las presuntas irregularidades.
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El despacho también pidió revisar los criterios mediante los cuales determinada información fue clasificada o reservada como de seguridad nacional. La solicitud se concentra en aquellos documentos que, de acuerdo con la defensa, podrían resultar relevantes para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad individual de quienes hayan participado.
La disputa ocurre en medio de una investigación por una presunta estructura dedicada al contrabando de combustibles. Frente a ese señalamiento, los abogados sostienen que el caso no debe concentrarse únicamente en los hermanos Farías Laguna y que deben analizarse las distintas instancias que intervinieron en los controles relacionados con el movimiento de combustibles.
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Rafael Ojeda comparecerá como testigo
Rafael Ojeda Durán deberá comparecer ante una jueza después de que la defensa solicitara que declarara como testigo. Los abogados buscan conocer qué información recibió el entonces secretario de Marina sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas y qué acciones emprendió posteriormente.
Entre los puntos que la defensa pretende esclarecer está si Ojeda Durán recibió al contralmirante Rubén Guerrero y qué información pudo haber recibido durante ese encuentro. La comparecencia busca incorporar al expediente la versión del exsecretario sobre los hechos investigados.
La defensa también planteó que una estructura dedicada al contrabando de combustibles habría tenido que superar controles, inspecciones, autorizaciones y registros de distintas dependencias y entidades federales. Por ello, pidió que las autoridades sigan otras líneas de investigación y determinen de manera individual la responsabilidad de cada persona involucrada.
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El despacho insistió en que los hermanos Farías Laguna deben tener acceso a la evidencia que obra en el expediente y que la investigación debe considerar tanto los documentos que la FGR presentó como aquellos que permanecen bajo resguardo de otras autoridades.
El cateo en la bodega que llevó a la FGR a reportar armas y documentos de la Marina
La controversia surgió después de que la FGR informara sobre el cateo de una bodega arrendada por el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna en la Ciudad de México, donde aseguró haber localizado armas sin registro, documentación de la Secretaría de Marina y expedientes relacionados con personal y altos mandos de la institución.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, presentó el hallazgo como parte de la investigación contra una presunta red de contrabando de hidrocarburos en la que Manuel Roberto y su hermano, Fernando Farías Laguna, están señalados. De acuerdo con la FGR, entre los objetos asegurados había listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y documentos clasificados como reservados y confidenciales por razones de seguridad nacional.
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La Fiscalía no detalló públicamente el contenido de los documentos ni precisó a qué funcionarios correspondían los expedientes localizados. También informó del aseguramiento de armas de fuego que, según su versión, no contaban con el registro correspondiente.
La investigación federal se originó en 2024 y avanzó hasta el aseguramiento de un buque con aproximadamente 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas. A partir de ese caso, la FGR sostuvo haber identificado una estructura que presuntamente introducía combustible desde Estados Unidos y lo declaraba como aceite o aditivo para evadir el pago de impuestos.
Según la versión presentada por Godoy Ramos, la red contaba con servidores públicos, agentes aduanales y otros colaboradores que presuntamente facilitaban el ingreso de los cargamentos mediante registros manipulados y revisiones simuladas. Las investigaciones alcanzaron operaciones en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
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La FGR ha señalado a los hermanos Farías Laguna como presuntos integrantes de esa estructura. Sin embargo, su defensa, encabezada por el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, sostiene ahora que la información presentada sobre el cateo es parcial y rechaza que los documentos señalados puedan atribuirse directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.
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