
El aumento de adolescentes que cometen feminicidios obliga a las autoridades a generar diagnósticos específicos sobre este fenómeno y fortalecer las políticas de prevención de la violencia de género desde edades tempranas, advirtió la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.
De acuerdo con el portal de noticias Zona Franca, el pronunciamiento se dio después de que un adolescente de 17 años fuera sentenciado a tres años y seis meses de internamiento por el feminicidio de su pareja, Madeline Dhamar, de 21 años, crimen ocurrido en la colonia Nuevo Amanecer, en León, Guanajuato. Para la organización, el caso evidencia la necesidad de conocer con mayor precisión las causas que llevan a menores de edad a cometer este delito.
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Estrada señaló que las autoridades deben incorporar estos casos en los diagnósticos oficiales sobre muertes violentas de mujeres y feminicidios, ya que actualmente no existe información suficiente que permita dimensionar la participación de adolescentes ni diseñar estrategias de prevención enfocadas en este sector.
“La autoridad está obligada a actualizar un diagnóstico de las muertes violentas y de los feminicidios, donde ya empiece a arrojar información sobre los menores infractores”, afirmó.
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La justicia para adolescentes contempla un máximo de cinco años de internamiento
La directora del OCNF explicó que el sistema de justicia para adolescentes establece un régimen especial para quienes cometen delitos antes de cumplir la mayoría de edad. En consecuencia, incluso en casos de feminicidio, la legislación prevé una sanción máxima de cinco años de internamiento.
De acuerdo con la activista, este límite ha sido motivo de preocupación para familiares de víctimas, quienes consideran insuficientes las consecuencias legales frente a un delito de esa gravedad.
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“El problema es que en la legislación ellos tienen la protección por ser menores de edad y, en un feminicidio, la sanción máxima es de cinco años. Así está el estándar y es un tema que las madres de víctimas han cuestionado mucho”, señaló.
Aunque reconoció que el modelo de justicia para adolescentes privilegia la reinserción social, Estrada sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en las sanciones, sino también en la prevención y en la atención de los factores que favorecen la violencia contra las mujeres.
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Piden atender las causas de la violencia desde edades tempranas
La activista afirmó que el contexto de Guanajuato, marcado por altos niveles de violencia y una cultura conservadora respecto a los roles de género, contribuye a la reproducción de patrones de control y dominación sobre las mujeres.
“Hace falta realmente todo un trabajo de prevención y, por el contexto de Guanajuato, con la violencia, una cultura muy conservadora y altos índices de criminalidad, a las mujeres y mucho más a las adolescentes se les sigue viendo como objetos”, expresó.
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Añadió que muchos adolescentes reproducen conductas violentas aprendidas en sus entornos familiares y sociales, por lo que consideró indispensable intervenir desde la infancia para modificar esos patrones.
“Los adolescentes al final reproducen estos patrones de abuso y dominio. Eso es algo que se tiene que trabajar culturalmente”, dijo.
Finalmente, Estrada pidió que la Alerta de Violencia de Género incorpore este fenómeno dentro de sus líneas de acción para fortalecer las medidas de prevención, al considerar que las familias de las víctimas mantienen preocupación por la percepción de que algunos menores consideran reducidas las consecuencias legales de cometer un feminicidio.
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“Nos preocupa que algunos adolescentes piensan que matar a una joven significa cumplir cinco años y salir. Eso es lo que preocupa a las familias y a las organizaciones. La alerta no va a resolver todo, pero sí debe mirar este problema para fortalecer toda su política de prevención de la violencia feminicida”, concluyó.
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