La vivienda ya no se compra para vivir, sino para invertir: el origen de una crisis creciente en México

Este panorama ha dado lugar a fenómenos como la “gentrificación” en colonias populares de México

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Ilustración plana de una ciudad mexicana dividida por un muro. Familias diversas intentan cruzar hacia edificios modernos con carteles de 'se vende' o 'se renta', mostrando frustración.
Una ilustración plana muestra a diversas familias intentando cruzar un muro invisible hacia edificios modernos con letreros de 'se vende' o 'se renta' en una ciudad mexicana, simbolizando exclusión y desigualdad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con un hogar propio representa un derecho fundamental, aunque en la realidad cotidiana para muchas personas ese ideal se ha transformado en una fuente constante de frustración.

La dificultad para acceder a una vivienda digna, ya sea en propiedad o en alquiler, ha dejado de ser una cuestión meramente de oferta y demanda. El fenómeno implica factores estructurales y tendencias globales que han profundizado la crisis habitacional en México.

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El mercado inmobiliario, lejos de ser un espacio totalmente libre, opera bajo una fuerte intervención estatal y está atravesado por intereses políticos, económicos y la presencia tanto de actores formales como informales, de acuerdo con el doctor Enrique Pérez Campuzano, especialista en estudios urbanos del Instituto de Geografía de la UNAM.

Todas las casas forman parte de un rubro esencial para la vida diaria de las personas, pues determina la movilidad, el acceso a servicios y el porcentaje de ingresos familiares destinado al pago por un lugar para vivir.

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En las últimas décadas, ha dejado de concebirse solo como un espacio para habitar y se ha convertido en un activo financiero. Este cambio ha favorecido la especulación y marginado del mercado a quienes buscan un hogar permanente, privilegiando a quienes invierten por motivos de ahorro o ganancia, sin importar si la zona ofrece o no condiciones básicas de habitabilidad.

Ilustración de ciudad mexicana dividida: viviendas deterioradas (izquierda), torres de lujo (derecha). Billetes, llaves y contratos flotan; personas y carteles de 'hogar' en el centro.
Esta ilustración conceptual tipo collage digital retrata la marcada desigualdad socioeconómica en una ciudad mexicana, mostrando la dicotomía entre viviendas populares deterioradas y opulentas torres de lujo, con personas desplazadas en el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que complican el acceso a la vivienda

El proceso para adquirir o rentar una propiedad se ha complicado en años recientes debido a tres elementos fundamentales:

  • Deterioro del mercado laboral: Desde la crisis de 1982, los salarios en México han perdido capacidad de compra frente al incremento acelerado de los precios inmobiliarios. El estancamiento del poder adquisitivo ha hecho que cada vez más familias vean inalcanzable la posibilidad de comprar un inmueble.
  • Retiro del apoyo estatal: Las políticas públicas han reducido tanto los subsidios como los créditos accesibles, trasladando la responsabilidad casi por completo al mercado y limitando las opciones para sectores vulnerables.
  • Especulación financiera: El uso de la vivienda como instrumento de inversión ha provocado que los precios sigan tendencias más ligadas a la expectativa global de rentabilidad que a las posibilidades económicas reales de la población local.

Impactos sociales y transformación urbana

Este panorama ha dado lugar a fenómenos como la “gentrificación”, en donde colonias populares experimentan un incremento inmobiliario que supera la regulación gubernamental. Megaproyectos de lujo y grandes capitales desplazan a los residentes originales, mientras que incluso aquellos con mayores ingresos pueden ser reemplazados por extranjeros con mayor poder adquisitivo. Esta dinámica acentúa la exclusión social y transforma las prácticas urbanas.

El académico advirtió que una vivienda adecuada requiere no solo de espacio físico, sino también de un entorno con servicios accesibles y seguridad social. En última instancia, se debe determinar por la capacidad económica de las personas, más allá de las leyes del mercado, lo que plantea un desafío urgente para las regiones de México en materia de inclusión y sostenibilidad.

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