Senado analiza reforma para mejorar condiciones laborales en el campo

El Senado de la República recibió una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal orientada a fortalecer los derechos laborales de las personas trabajadoras del campo, ampliar su acceso a la seguridad social y establecer mecanismos para proteger los ecosistemas forestales vinculados a la actividad agroexportadora. La propuesta también busca asegurar que el crecimiento del comercio agrícola se realice bajo estándares laborales y ambientales verificables.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15, fracciones IV y VI, de la Ley de Comercio Exterior, así como la adición del artículo 283 Quater a la Ley Federal del Trabajo. Tras su recepción en el Senado, el proyecto fue turnado para su análisis a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.

La presidenta de la Mesa Directiva en funciones, Verónica Noemí Camino Farjat, fue la encargada de remitir la propuesta a dichas comisiones, donde se evaluará su contenido antes de que pueda avanzar en el proceso legislativo.

El documento destaca la relevancia del sector agroindustrial para la economía mexicana. De acuerdo con datos citados en la iniciativa, la agroindustria se ha consolidado como uno de los principales sectores exportadores del país, generando divisas y empleo en diversas regiones. Un informe de la Dirección General de Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera indica que, durante el segundo trimestre de 2025, este sector alcanzó un valor de 3.27 billones de pesos, lo que representó alrededor del 9.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Dentro de este contexto, se subraya el papel estratégico de ciertos productos agrícolas en el comercio exterior. Cultivos como los frutos rojos y el aguacate se han convertido en pilares del sector exportador mexicano. En particular, la producción de aguacate posiciona a México como líder mundial y genera más de 300 mil empleos directos e indirectos.

No obstante, la iniciativa reconoce que el crecimiento de estas actividades también plantea desafíos importantes. En el caso del aguacate, por ejemplo, algunos mercados internacionales han manifestado inquietudes sobre las condiciones laborales de quienes trabajan en el campo, así como sobre los impactos ambientales derivados de la expansión agrícola, especialmente en lo relacionado con el cambio de uso de suelo y la deforestación.

Asimismo, el crecimiento de la industria de los frutos rojos ha evidenciado la necesidad de avanzar en la formalización del empleo agrícola y garantizar el acceso a la seguridad social para las y los trabajadores del campo. El documento señala que estas medidas también responden a compromisos internacionales adquiridos por México en materia laboral, particularmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La propuesta legislativa también plantea reconocer la corresponsabilidad de las empresas exportadoras dentro de la cadena productiva. Según el documento, quienes obtienen mayores beneficios económicos del comercio agroalimentario deben participar en esquemas que garanticen mejores condiciones laborales y protección ambiental.

En este sentido, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorgaría nuevas atribuciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir certificaciones que acrediten el cumplimiento de obligaciones laborales por parte de los empleadores.

Por su parte, la modificación a la Ley de Comercio Exterior incorporaría nuevas restricciones no arancelarias relacionadas con el cumplimiento de normas laborales y ambientales, lo que permitiría fortalecer la supervisión de las actividades vinculadas a la exportación agroalimentaria.

Finalmente, la adición a la Ley Federal del Trabajo contempla la creación de un certificado laboral para la agroexportación. Este documento serviría para acreditar que las empresas que exportan productos y subproductos agrícolas cumplen con la obligación de brindar seguridad social a sus trabajadores.