A más de once años de Ayotzinapa, el Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar la totalidad de información que tenga sobre el caso.
El Juzgado ordenó que el Ejército Mexicano entregue al menos 853 folios generados durante el años 2014, por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares.
En su resolución, el organismo establece que dicha información no puede clasificarse como confidencial o secreta, en tanto existe un interés de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad en el caso de Ayotzinapa.
En 2023 las madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, presentaron una demanda para que estos documentos sean proporcionados y revisados.
Reclamaron la comisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia que SEDENA (hoy Defensa) realizó en 2014. Denunciaron que era un incumplimiento del Decreto Presidencial de 2018, el cual obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
Es en ese contexto que el Poder Judicial de la Federación falló a favor de los padres y madres de los 43 y obligó al Ejército a entregar toda la información que pueda ayudar a resolver el caso que lleva más de once años sin una respuesta clara.
Durante sus investigaciones, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, donde se registraba información de los normalistas antes y después de la noche del 26 de septiembre. Sin embargo, los documentos proporcionados mostraban omisiones y estaban incompletos.
Al respecto, la Defensa Nacional ha asegurado que la información sobre esa noche no existe, y esa ha sido la justificación por la que no se han podido revisar esos folios.
Sin embargo, en su fallo, el Poder Judicial especifica que “la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada”.
En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias sobre derechos humanos, observaron que estas omisiones han impedido continuar con las investigaciones pertinentes para avanzar en el caso.
Este fallo a favor de las familias de los 43 normalistas, que obliga al Ejército a no omitir ninguna información, reconoce su derecho a conocer la verdad de lo que ocurrió aquella noche,
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