Revelan malas condiciones laborales en el Congreso de Michoacán para intérpretes de Lengua de Señas

El Congreso del estado de Michoacán mantiene a sus intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) bajo condiciones salariales equiparables al salario mínimo.

Pese a que las jornadas laborales pueden extenderse hasta 10 horas durante sesiones legislativas críticas, esta situación se sostiene aún cuando existen compromisos internacionales por parte de México en materia de accesibilidad e inclusión.

Los cuatro contratos existentes para intérpretes en el Congreso de Michoacán se obtuvieron de manera gradual tras gestiones reiteradas ante diversas presidencias de la Mesa Directiva.

Condiciones laborales de los intérpretes de Lenguaje de Señas

Los ingresos de este personal —alrededor de 4 mil pesos quincenales— no han mostrado mejoras sustanciales y sólo se ajustan conforme a los incrementos del salario mínimo nacional, según reportó Quadratín Michoacán. El esquema contractual otorga tiempo indefinido, pero carece de basificación y no ofrece certeza laboral plena.

Las solicitudes de mejora salarial han sido rechazadas bajo el argumento administrativo de que la interpretación se limita a días de sesión y que los intérpretes ya cuentan con prestaciones básicas como aguinaldo, seguro social y prima vacacional.

Esta valoración contrasta con la carga física y cognitiva que implica el rol. Durante sesiones extensas, los intérpretes realizan relevos cada 20 minutos para evitar lesiones, aunque permanecen disponibles durante toda la jornada.

Especialistas advierten que la carga mental acumulada afecta la concentración y puede comprometer la fidelidad de la interpretación, además de provocar desgaste corporal constante.

La actividad repetitiva de manos y brazos genera fatiga muscular y molestias articulares, las cuales resultan agravarse cuando hay una exposición directa al aire acondicionado en el recinto, según documentó Quadratín Michoacán.

Además, la misma fuente detalló que el entorno laboral carece de elementos básicos, pues los intérpretes no cuentan con una oficina, área de descanso o comedor, por lo que se ven obligados a permanecer en el pleno durante las sesiones y consumen alimentos en el mismo espacio o en pasillos, sin un lugar asignado.

El acceso a agua o refrigerios depende de la disponibilidad tras la atención prioritaria a las y los diputados. Además, la accesibilidad se implementa de manera parcial. Documentos legislativos, materiales de comunicación social y actividades fuera del pleno suelen carecer de interpretación en LSM, lo que limita el derecho a la información y participación política de la comunidad sorda.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Este escenario contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a garantizar accesibilidad plena en procesos legislativos y servicios profesionales de interpretación.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también reconoce el derecho a condiciones de trabajo justas, remuneración adecuada y protección a la salud física y mental, principios aplicables a este personal.

La Lengua de Señas Mexicana es una lengua con estructura gramatical propia y reconocimiento oficial en el país. La formación de intérpretes requiere estudios técnicos o universitarios, certificación y capacitación continua, especialmente en espacios legislativos donde se discuten normas y políticas públicas.

En países como Suecia, Finlandia, Noruega, Canadá, Alemania y Estados Unidos, los ingresos mensuales de un intérprete legislativo varían entre 45 mil y 90 mil pesos mexicanos, con jornadas reguladas, relevos obligatorios y protección por desgaste físico y mental.

En contraste, los intérpretes del Congreso de Michoacán perciben cerca de 8 mil pesos mensuales, cifra que se mantiene pese a incrementos presupuestales para el personal aprobados por las y los diputados, según reportó Quadratín Michoacán.

FGE tardó cinco días en entregar los cuerpos de intérpretes de LSM y su hija

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán demoró cinco días la entrega de los cuerpos de Víctor Manuel, Anayeli y su hija Megan, intérpretes de LSM y su hija de 12 años, luego de que fueran localizados e identificados tras ser privados de la libertad en su domicilio el pasado miércoles 14 de enero.

Durante una audiencia pública se expuso que la identificación de las víctimas se realizó mediante análisis fotográfico y pericial, pero la entrega se concretó hasta el 23 de enero, casi una semana después de haberlos localizado.

Según explicó el Ministerio Público, la familia recibió los cuerpos pese a que las condiciones de los restos de Anayeli y Megan sólo coincidían en un 60 por ciento con las fotografías proporcionadas, mientras que en el caso de Víctor Manuel la correspondencia fue total.

Las víctimas fueron sustraídas de su vivienda en la colonia Ex Hacienda La Huerta y trasladadas a la autopista de Occidente, donde murieron por asfixia por sofocación y exposición al fuego, tal como reveló la autopsia practicada por las autoridades forenses.

Quadratín Michoacán documentó que los hechos ocurrieron entre el 14 y el 15 de enero, cuando tres hombres ingresaron al domicilio de las víctimas. El caso puso de relieve la situación de vulnerabilidad que enfrentan los intérpretes de lengua de señas, no solo en términos laborales, sino también en materia de seguridad y acceso a la justicia.