La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán cumplimentó una orden de aprehensión en contra del gerente de una empresa financiera fantasma y detuvo a otras ocho personas debido a que todos ellos estuvieron involucrados en el fraude que afectó a más de 50 personas.
De acuerdo con información publicada por medios locales, personas allegadas a las investigaciones, tan sólo el pasado sábado 24 de enero, se recibió a 29 víctimas de este delito, a las que se les prometía que estaban ahorrando para poder adquirir un automóvil.
Sin embargo, luego de que la empresa le recibía los recursos a los clientes y alcanzaban la cifra, no se les entregaban las unidades por las que estaban ahorrando.
Múltiples denuncias a la empresa financiera desataron operativo
Según datos proporcionados por las autoridades, el detenido operaba en la plaza Río, bajo la fachada de financiera Mobility Solutions Corporation, donde aseguran que el cliente invierte con inteligencia, así como con calidad verificada, historial claro y precio competitivo.
Sin embargo, recibió al menos 2 millones de pesos en ahorro de los agraviados, hasta ahora identificados, mismos a los que no les entregaron los vehículos.
Por lo anterior se llevaron a cabo una serie de denuncias que finalmente derivaron en la cumplimientación de la orden de aprehensión. Así, durante el operativo de la fiscalía para cumplimentar la orden de aprehensión en contra del hombre investigado por el delito de fraude, terminó con un total de nueve personas detenidas en el establecimiento de la plaza Río, en la colonia Félix Ireta.
Los otro detenidos y su situación frente al enojo de las víctimas
De acuerdo con Quadratín, elementos de la Policía de Morelia fueron desplegados al sitio y a todos se les investiga por el mismo delito que afectó a más de 50 personas.
La diligencia concluyó de manera oportuna de parte de la Fiscalía pero el enojo de las personas afectadas generó tensión en el lugar y con la finalidad de evitar que se produjera alguna agresión, los empleados se atrincheraron en una oficina, donde se encuentraban encerrados desde las 15:00 horas del pasado lunes 26 de enero.
Frente a esta situación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegó a algunos elementos para garantizar el bienestar de los afectados y desarticular la movilización de civiles.
De acuerdo con Quadratín, que citó a fuentes allegadas a las investigaciones, el mandato judicial se obtuvo luego de que recibieron una serie de denuncias penales recabadas el pasado sábado 24 de enero.
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