
Cuatro funcionarios municipales del municipio de El Oro, en el Estado de México, fueron amarrados por habitantes como parte de una protesta que exigía respuestas inmediatas ante la falta de agua potable y la acumulación de basura.
La acción incluyó el bloqueo del acceso al Palacio Municipal y se produjo tras semanas de solicitudes vecinales sin respuesta, así como la ausencia de la alcaldesa Yolanda Magos Martínez, cuya presencia fue exigida por los manifestantes.
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El incidente se desarrolló en un contexto de creciente inconformidad social. Los vecinos, cansados de la falta de atención a sus demandas, recurrieron a medidas extremas para presionar a las autoridades municipales. En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo los manifestantes retuvieron a los funcionarios para exigir la reparación de tuberías y la recolección de desechos, problemas que han afectado a diversas colonias del municipio.
Las demandas de los habitantes se centraron en la solución inmediata al desabasto de agua y la acumulación de basura, dos problemas que han persistido durante meses en El Oro. Los inconformes señalaron que la situación ha impactado a cientos de familias y que la falta de respuesta institucional solo ha incrementado el malestar. La molestia de la población aumentó después de que, pese a las reiteradas solicitudes, no se atendieron las fallas en los servicios básicos.
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Ante la gravedad de la protesta, elementos de la Guardia Civil del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad estatal acudieron al lugar para liberar a los funcionarios retenidos y restablecer el orden en el Palacio Municipal. Los servidores públicos amarrados fueron valorados médicamente y no se reportaron lesiones graves tras su revisión. Hasta el momento, la alcaldesa Yolanda Magos Martínez no ha emitido ninguna declaración pública sobre lo ocurrido.
Este episodio se suma a una serie de tensiones recientes en el municipio. Días antes del incidente, el cabildo municipal solicitó al Congreso del Estado de México la destitución de la alcaldesa por presunta omisión administrativa. Organizaciones locales han advertido sobre el aumento del descontento social, atribuido a la falta de respuesta por parte de las autoridades ante los problemas de servicios públicos. Las protestas vecinales y las exigencias de solución han sido una constante en los últimos meses, reflejando el deterioro de la relación entre la ciudadanía y el gobierno municipal.
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Autoridades ya investigan el caso
En respuesta a los hechos, desde sus redes sociales la Fiscalía del Estado de México anunció la apertura de una investigación de oficio para determinar si se cometieron delitos durante la protesta y la retención de los funcionarios.
La institución aseguró que dará seguimiento al caso para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas legales correspondientes contra quienes resulten responsables, reafirmando su compromiso con el cumplimiento de la ley y la transparencia en el proceso.
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