Clausuran megagranja porcícola tras años de contaminación y daños a la comunidad maya Santa María Chi, en Yucatán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y definitiva a la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en la comunidad de Santa María Chi.

Esto se logró luego de comprobar el incumplimiento reiterado de al menos siete medidas correctivas ambientales impuestas anteriormente.

Entre las principales irregularidades detectadas por la autoridad ambiental destacan la descarga directa de aguas residuales sin permiso, así como la omisión en la caracterización de los lodos generados por la operación de la granja, acciones que representan una amenaza para el equilibrio ambiental y la salud de las comunidades vecinas.

Años de perjuicio a la comunidad

La Profepa detalló que, tras esta clausura, la empresa deberá enfocarse en reparar los daños causados, lo cual implica la elaboración de un estudio de daño ambiental, así como dar seguimiento al proceso de desmantelamiento y abandono adecuado del sitio.

Esta medida se da en el marco de una serie de denuncias interpuestas desde 2021 por organizaciones de la sociedad civil y comunidades mayas, quienes han señalado afectaciones a su salud, calidad de vida y recursos naturales por parte de diversas granjas porcícolas instaladas en la región.

En 2023, los pobladores de Santa María Chi, protestaron en contra de la megagranja, pues la empresa quemó estiercol de los animales durante un mes, lo que presuntamente provocó enfermedades en los habitantes, especialmente en niños y niñas.

Por este motivo, los habitantes protestaron en contra de la empresa bloqueando el acceso a la granja, de acuerdo con reportes de ese año del medio La Silla Rota.

La respuesta de la empresa fue denunciar al comisario ejidal Wilbert Alfonso Nahuat Puc, por delitos de despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad.

“Desde el 3 de abril hasta el 13 de mayo, aproximadamente, las personas de la comunidad investigamos de dónde provenían el humo, la quema y los olores. Ya les habíamos avisado del problema y teníamos un acuerdo con la granja para respetarnos y cuidar de la comunidad y el medioambiente”, declaró en entrevista para La Silla Rota el comisario Wilbert Nahuat.

La comunidada maya interpuso varios amparos con ayuda del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

La postura de las autoridades

La Profepa ha realizado inspecciones a granjas en al menos 19 municipios de Yucatán, entre ellos Mérida, Muna, Kinchil, Tizimín, Izamal y Conkal.

Pecuaria Peninsular fue una de las empresas visitadas en el marco de estas acciones, y sobre la cual ya pesaban diversas órdenes de cumplimiento ambiental.

La procuradora Mariana Boy Tamborrell destacó la relevancia del caso y reconoció la persistencia de las comunidades locales.

“Conocemos la lucha de años de las personas afectadas por esta empresa. Han denunciado, se han amparado y han exigido justicia en todos los niveles. Hoy la Profepa trabaja con ellas y ellos para concretar esta clausura definitiva”, afirmó.

La Profepa reiteró que atender el impacto ambiental de las granjas porcícolas en la Península de Yucatán es una prioridad institucional, y que su compromiso es con la justicia ambiental, la protección de la salud pública y el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano.