El crimen organizado mantiene el control de precios sobre productos y servicios en al menos 10 estados de México, generando un impacto directo en la economía familiar y en las cadenas de distribución.
La extorsión y la imposición de precios afectan artículos de la canasta básica, materiales de construcción, combustibles, alimentos procesados, refrescos, cerveza y útiles escolares.
En regiones de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Tabasco y el Estado de México, comerciantes, locatarios, transportistas y productores describen un esquema recurrente: los cárteles acaparan las mercancías, fijan los precios y obligan a los establecimientos a comprar en bodegas controladas por grupos delictivos.
Afectaciones derivadas del cobro de piso
Los tráilers que transportan productos básicos también deben pagar cuotas para circular y liberar su mercancía. Pobladores de Tierra Caliente en Michoacán, citados por El Universal, señalaron a Los Viagras y Los Blancos de Troya, grupos aliados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como los principales responsables de acaparar y distribuir productos como refresco, cerveza, abarrotes y carne.
Un habitante narró para El Universal que “si el kilo de arroz vale 20 pesos, los establecimientos lo venden a 25; la carne 200 pesos y se da entre 230 y 240, porque los cárteles tienen presencia”.
Los tenderos están obligados a comprar mercancía en determinados puntos de venta y deben pagar cobro de piso; la negativa puede derivar en amenazas de muerte.
Estos mecanismos se replican en Guerrero, donde grupos como Los Granados y Los Ardillos controlan precios y distribución de productos en la Costa Grande y la zona centro, generando redes paralelas de comercios.
Del mismo modo, en Tamaulipas, los lugareños reportan que solo pueden comprar a proveedores autorizados por el crimen organizado, especialmente en el caso de la carne, huevo y bebidas alcohólicas.
La presión no se limita a productos alimenticios. Empresarios y comerciantes de materiales de construcción, agua embotellada, papelería y hasta servicios de internet están sujetos a los precios fijados por las organizaciones delictivas.
El pago de extorsiones incrementa el precio final para el consumidor y lleva a muchos dueños de negocios a la quiebra o al cierre definitivo.
Dueños de carnicerías en Veracruz relataron que “el producto lo tienen que dar más caro” para solventar las cuotas semanales o mensuales impuestas.
El fenómeno afecta tanto a zonas urbanas como rurales. En la Comarca Lagunera, entre Durango y Coahuila, organizaciones agrícolas y ganaderas denunciaron ante El Universal una ola creciente de extorsiones y control de mercados y dijeron vivir “en un ambiente de constante amenaza y miedo”.
En Oaxaca y Veracruz, las extorsiones alcanzaron a empresarios, comerciantes y productores agrícolas, quienes sufren amenazas para que vendan, por ejemplo, cajas de mango a precios hasta cinco veces menores al del mercado.
El coyotaje tradicional fue desplazado por la imposición directa del crimen. El pago de extorsiones, conocido como derecho de piso, repercute en encarecimiento de víveres, transportes y servicios.
El Universal registró que en Guanajuato la extorsión afecta especialmente a las tortillerías, y en Morelos más de la mitad de los comerciantes pagan derecho de piso. El transporte público también enfrenta amenazas; concesionarios de la Ruta 11 en Cuernavaca analizan suspender el servicio tras recibir ultimátums de grupos criminales.
En Tabasco la extorsión afecta tanto a dueños de negocios como a transportistas, mientras que en el Estado de México el crimen usa su poder para controlar la distribución de mercancías robadas.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, afirmó a El Universal que la extorsión y el cobro de piso constituyen un problema consolidado y en expansión en el país: “fue un delito que se dejó crecer y ahora impacta negocios, productores y consumidores”, subrayó.
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