
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuestionó la decisión judicial que permitió la liberación de Luis García Villagrán, acusado por tráfico de personas a partir de una denuncia del Instituto Nacional de Migración. Señaló que la Secretaría de Seguridad federal presentó alrededor de 75 pruebas que, a su juicio, acreditaban la presunta responsabilidad del acusado, y que sirvieron para obtener la orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, afirmó que el juez desestimó la evidencia bajo el argumento de que García Villagrán protegía a grupos de migrantes. Gertz Manero anunció que se presentará una apelación y se abrirá una nueva carpeta de investigación, al advertir que detrás de estos hechos existen intereses económicos de gran magnitud y un patrón de victimización hacia miles de personas.
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“Esa persona (Luis García Villagrán) fue denunciada por el instituto de migración y la Secretaría de Seguridad federal obtuvo cerca de 75 pruebas que establecen su presunta responsabilidad en el caso. Se pidió su orden de aprehensión y el juez la otorgó. Se detuvo a la persona y, cuando la llevamos frente al juez, este no quiso analizar las pruebas que habían presentado las autoridades y resolvió que, como se dedicaba a proteger a grupos de migrantes, lo ponía en libertad”, lamentó.
El funcionario agregó con énfasis: “Yo no había visto una cosa igual y no solamente vamos a apelar, vamos a iniciar una carpeta. Detrás de todo eso hay fortunas incalculables, están victimizando a miles de personas y eso no se puede quedar así”, aseguró.
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Así fue la liberación de García Villagrán
Luis Rey García Villagrán, activista y director del Centro de Dignificación Humana A.C., fue liberado este lunes después de seis días detenido, acusado de delincuencia organizada y tráfico de migrantes en la frontera sur de México.
La orden de liberación fue emitida por el juez federal de distrito, Jonathan Izquierdo, durante la continuación de la audiencia en Tapachula, Chiapas, tras determinar que no existían elementos suficientes para sostener su probable responsabilidad.
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La investigación que dio origen a su detención se inició en 2022 a partir de denuncias de tres migrantes, quienes señalaron que García Villagrán les cobró mil dólares para incluirlos en caravanas migratorias. Además, se le atribuyó la organización de esos desplazamientos y la gestión de documentos falsos para facilitar el tránsito de personas por México.
El activista fue arrestado el 5 de agosto tras participar en una protesta en el Parque Bicentenario de Tapachula. El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Sedena, Semar, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad de Chiapas.
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Las autoridades indicaron que García Villagrán formaba parte de una red que, mediante organizaciones civiles, presuntamente traficaba personas y distribuía drogas en territorio nacional.
Al salir del Centro de Reinserción Social Número 3 en Tapachula, García Villagrán expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y destacó que su organización cuenta con reconocimiento oficial desde hace más de nueve años, otorgado por la Secretaría de Gobernación.
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Colectivos y defensores de derechos humanos han señalado que la detención responde a un patrón de criminalización contra quienes brindan acompañamiento a migrantes, en el contexto de un endurecimiento de las políticas migratorias en México y a nivel internacional.
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