
En la segunda mitad del siglo XIX, México atravesó uno de los periodos más decisivos y violentos de su historia: la Guerra de Reforma. Este conflicto bélico, que se extendió entre 1857 y 1861, no solo enfrentó a los principales grupos políticos de la nación, sino que transformó de raíz las estructuras jurídicas, sociales y religiosas heredadas del periodo colonial.
De acuerdo con materiales divulgados por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), la Guerra de Reforma puede entenderse como una “profunda revolución” que puso fin al antiguo régimen confesional e impulsó la conformación de un Estado liberal, republicano, federal y laico.
La importancia de la Guerra de Reforma radica en que fue el escenario donde se confrontaron dos proyectos nacionales en pugna. Por un lado, conservadores respaldados por la Iglesia católica, partidarios de preservar privilegios históricos, fueros y una fuerte unión entre el poder civil y religioso.

Del otro, los liberales propuestos a modernizar el país, aboliendo la intolerancia religiosa y sentando los principios de la libertad de pensamiento y la igualdad ante la ley. Dicha búsqueda llevó a la promulgación de la Constitución de 1857, la primera en México que permitía el culto libre y facultaba al Estado para legislar en materia de religión, motivo por el que fue rechazada y condenada por sectores eclesiásticos y conservadores.
En el contexto de este enfrentamiento político, social y militar, el presidente Benito Juárez asumió el liderazgo del gobierno liberal y promulgó una serie de leyes conocidas como Leyes de Reforma, decretos destinados a acabar con el poder civil del clero.
El 11 de agosto de 1859, desde la ciudad de Veracruz, Benito Juárez publicó un decreto de gran relevancia que establecía nuevas disposiciones sobre los días festivos y la participación de las autoridades en actos religiosos. Según el texto firmado por el presidente oaxaqueño:

“Dejan de ser días festivos para el efecto de que se cierren los tribunales, oficinas y comercio, todos los que no queden comprendidos en la especificación siguiente: los domingos, el día de año nuevo, el jueves y viernes de la Semana Mayor, el jueves de Corpus, el 16 de Septiembre, el 1º y 2 de Noviembre y los días 12 y 24 de Diciembre”.
Este decreto implicó una profunda reforma en la vida cotidiana del país, ya que durante el periodo colonial y buena parte del México independiente, una amplia variedad de celebraciones religiosas marcaban el calendario oficial. Benito Juárez dispuso que únicamente esos días “dejarán de despachar habitualmente los tribunales, oficinas y comercio, exceptuándose las cosas urgentes”.
Más allá de la cuestión de los días festivos, el decreto de Benito Juárez estableció otra innovación fundamental: la prohibición de la asistencia oficial a eventos públicos de la Iglesia. El texto señala expresamente: “se derogan todas las leyes, circulares, disposiciones, cualesquiera que sean [...] por las cuales había de concurrir en cuerpo oficial a las funciones públicas de las iglesias”. De este modo, el presidente dio un paso importante para conseguir el Estado laico.
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