La construcción del puente de incorporación vial a la autopista federal México–Querétaro (Carretera 57D), que conectará al municipio de Tepotzotlán, se encuentra en medio de una fuerte polémica tras revelarse que los responsables de la obra son el municipio y Banobras.
La denuncia fue hecha por la regidora Beti Sandoval Antonio quien a través de su cuenta personal de X (@BetiSand), hizo pública la falta de documentación legal de la millonaria obra: “No es claro lo que pasa en Tepotzotlán. Esta obra en la México–Querétaro se dice no tener permisos por @CAPUFE, ha costado más de 300 millones de pesos, lleva más de 6 años y siguen sin entregar las finanzas. Y ya hay inhabilitados por ello”, sentenció la edil.
Si bien la advertencia pareciera respaldada por un documento oficial de la propia SICT, el cual responde a una solicitud de acceso a la información pública.
En el oficio, el Centro SICT México informa que, tras una búsqueda exhaustiva realizada por personal técnico en archivos físicos y digitales bajo resguardo de la Unidad General de Servicios Técnicos, “no se encontró ningún documento con las características solicitadas por el peticionario”.
No hay registro de la obra en la SICT
La solicitud pedía copia de cualquier autorización, convenio, permiso u oficio que permitiera la construcción, conexión o incorporación vial del municipio a la autopista. Sin embargo, la respuesta fue clara: no existe registro alguno de dicha autorización.
Esta situación se da porque los responsables de la obra financieramente fue el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), pero la ejecuta el municipio mexiquense, por lo cual ambos deberán responder a las posibles omisiones y los retrasos de la obra.
La situación ha generado preocupación entre ciudadanos y sectores políticos locales, quienes ven con alarma el avance de una obra que no solo acumula más de un lustro de retraso, sino que ha absorbido recursos millonarios sin que exista certeza sobre su legalidad y transparencia financiera.
Sandoval también señaló que existen funcionarios inhabilitados relacionados con el proyecto, haciendo referencia a la alcaldesa María de los Ángeles Zuppa Villegas, que regreso a su cargo a pesar de que fue inhabilitada junto a su padre, Ángel Zuppa.
Esta situación fue mencionada en La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de junio, donde se señaló que la obra pasó de 180 a 400 millones de pesos y con un avance del 20 por ciento, cuando la obra inició en la administración de Ángel Zuppa en el periodo 2018-2021.
Ante este panorama, se espera que las autoridades municipales y federales aclaren el destino de los recursos invertidos, así como las condiciones legales bajo las cuales se ejecuta una obra que, por su magnitud, impactará la movilidad y seguridad de miles de automovilistas que circulan diariamente por esta importante zona.
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