Los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) cancelar el registro de 18 candidaturas, informó Gerardo Fernández Noroña.
Dichas candidaturas buscan un cargo como jueces y magistrados, sin embargo, el Senado argumentó que enfrentan investigaciones por delitos graves, entre los que se incluyen abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.
Según Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, estas personas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, establecido en los artículos 95 y 97 de la Constitución Política.
Además, los legisladores pidieron al INE que se anulen las candidaturas de otros ocho aspirantes que no lograron acreditar un promedio general mínimo de ocho en sus estudios de licenciatura, otro de los requisitos indispensables para acceder a estos cargos judiciales.
El cumplimiento de estos criterios es fundamental para garantizar la idoneidad de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial, argumentó el Congreso.
De acuerdo con el informe presentado por Gutiérrez Luna, las carpetas de investigación y órdenes de aprehensión abiertas contra los 18 candidatos evidencian que no cumplen con los estándares éticos y legales necesarios para desempeñar funciones judiciales.
En el documento también se señala que algunos de los aspirantes han actuado como defensores de personas vinculadas al crimen organizado, lo que, según el legislador, compromete su imparcialidad y representa un claro conflicto de interés.
El presidente de la Cámara de Diputados enfatizó que la elección por voto popular no exime a los candidatos de cumplir con los requisitos éticos y constitucionales establecidos.
Según el diputado federal, la legitimidad del Poder Judicial depende no solo de la legalidad de los procesos, sino también de la integridad moral de quienes lo integran. En este sentido, subrayó que la idoneidad para ocupar un cargo judicial no es únicamente una cuestión legal, sino un imperativo ético que debe ser respetado para proteger la confianza pública en las instituciones.
Por su parte, Fernández Noroña respaldó la solicitud, argumentando que permitir que personas con antecedentes penales o sin los méritos académicos necesarios accedan a estos cargos podría debilitar la credibilidad del sistema judicial.
Para el morenista, la buena reputación y la preparación académica son pilares fundamentales para garantizar la imparcialidad y la eficacia en la administración de justicia.
Previamente, “El área jurídica del @senadomexicano retiró la impugnación al reciente acuerdo del @INEMexico sobre candidaturas a integrar el poder judicial y espero que hoy mismo, se presenten las impugnaciones de candidaturas concretas por falta de idoneidad”, explicó Fernández Noroña.
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