El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad el dictamen para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones al Código Penal de la capital del país, como parte de las acciones para combatir la extorsión, que propusieron la diputada local Tania Nanette Larios Pérez (PRI); la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo; y la titular de la jefatura de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina.
“Por unanimidad, el #CongresoCDMX avaló reformar el Código Penal local en materia de combate a la extorsión”, informó a través de su cuenta de X, antes Twitter.
La reforma fue aprobada con 59 votos a favor y cero en contra a tres días de que fue avalada en las comisiones de Administración y Procuración de Justicia.
Las iniciativas coinciden en que el delito de extorsión, además de afectar los bienes materiales de las personas, también implica un atentado directo a su tranquilidad, al colocarlas en un estado de desequilibrio físico y psicológico, que no termina al momento de satisfacer las demandas de quien perpetra el delito. mecanismos eficaces para su persecución y punibilidad.
Además, el fraude telefónico, la extorsión y el robo de identidad, así como otros delitos cometidos a través de medios digitales e informáticos, se han incrementado de manera alarmante en los últimos años. Estos delitos no sólo vulneran la seguridad financiera de las personas y empresas, sino que también afectan gravemente la confianza en el sistema bancario, la privacidad y los derechos fundamentales de las víctimas, indica la iniciativa de la alcaldesa de Cuauhtémoc.
Por su parte, la iniciativa de la jefa de Gobierno establece que las múltiples maneras en que se comete el delito de extorsión, su impacto en la dignidad, vida e integridad física y psicológica de las personas, y el derecho a vivir en un entorno libre de violencia, requieren replantear la forma de entender y enfrentar esta práctica ilegal para abatirla de manera integral, y así garantizar la plena eficacia del derecho humano a la integridad personal en todas sus dimensiones.
Las iniciativas coinciden en que el delito de extorsión,además de afectar los bienes materiales de las personas, también implica un atentado directo a su tranquilidad, al colocarlas en un estado de desequilibrio físico y psicológico, que no termina al momento de satisfacer las demandas de quien perpetra el delito.
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