
El secuestro de 12 trabajadores de limpia, el asesinato de dos policías ministeriales, el paro de transportistas y feminicidio de la pequeña Camila Gómez son hechos recientes que han puesto en evidencia el ambiente de inseguridad que prevalece en el municipio de Taxco de Alarcón, en Guerrero.
Con sus calles empedradas, edificaciones de cantera y una basta industria platera, esta ciudad se ha convertido en un punto de gran interés para grupos del crimen organizado.
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Hasta antes del histórico acuerdo de no agresión —pactado en febrero de 2024—, Taxco era escenario de una intensa disputa entre La Familia Michoacana (FM) y Los Tlacos, grupo también denominado Federación Guerrerense.
La pugna entre ambas organizaciones delictivas habría sido lo que motivó el paro de labores en el transporte público durante las primeras semanas de 2024. En medio de amenazas y tras el ataque armado a un chofer, los operadores suspendieron sus actividades durante más de una semana.
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El afán por controlar este territorio habría sido también lo que motivó el secuestro y asesinato de Isaac del Ángel Meza e Higinio Villanueva Hidario, dos policías ministeriales privados de su libertad en Pilcaya. Sus cuerpos aparecieron al día siguiente en Taxco junto a una cartulina firmada por Los Tlacos: “Esto les pasa por apoyar a la FM”.
La supuesta relación entre elementos policiales y el grupo criminal que lideran los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga (’El Pez’ y ‘El Fresa’) sería un factor que podría explicar, según el periodista Óscar Balderas, el linchamiento a los presuntos responsables por el secuestro y asesinato de Camila.
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En una reciente entrevista con Elisa Alanís para Milenio, Balderas señaló que la Policía Municipal de Taxco ha sido cooptada por el crimen organizado. Acorde con las investigaciones, La Nueva Familia Michoacana se asentó en el municipio con la exigencia de asumir el papel de la policía local para perseguir delitos del fuero común, a cambio de que sus miembros no fueran perseguidos por ilícitos del fuero federal.
Bajo estas condiciones, el grupo criminal permite que se realicen linchamientos, como el del 28 de marzo, debido a que le ayuda a legitimar su imagen como justiciero. A su vez, la población tiene la capacidad de llevar a cabo estas ejecuciones tumultuarias debido a que sus objetivos, al no estar involucrados con el narco, serían blancos fáciles.
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“Qué conveniente que un linchamiento tan terrible como hemos visto [...] haya ocurrido en un municipio donde la Policía Municipal hace años está rebasada porque está cooptada por el crimen organizado”, señaló Óscar Balderas.
Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dio a conocer en un informe de 2023 que los grupos criminales en Taxco han impuesto cuotas a comerciantes de plata, así como a los dueños de tortillerías, tablajeros y vendedores de pollo.
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Incluso en épocas como la Semana Santa, las personas son extorsionadas y obligadas “a comprar las ortigas a los grupos de la delincuencia”.
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