
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó una lista de 20 reformas constitucionales como una de sus últimas iniciativas de su gobierno. Ante esto, las críticas y señalamientos no tardaron en llegar por parte de instituciones, organizaciones y actore políticos.
Entre ellos destaca el Consejo Empresarial Mexicano (CEM) que ha expresado su desacuerdo con algunas de las propuestas del primer mandatario federal como lo correspondiente a la propuesta de reducir del 40 al 30 por ciento la participación ciudadana en consultas populares y la disminución del número de legisladores. Estas medidas, según el CEM, podrían fortalecer en cierto modo la democracia en México. El organismo empresarial, sin embargo, ha enfatizado la necesidad de “revisar cada una con mucho detalle” para entender completamente el impacto y las intenciones detrás de las propuestas.
El CEM también ha manifestado su preocupación por el análisis detallado que se debe hacer sobre las propuestas, especialmente aquellas con implicaciones financieras significativas. Dada la situación actual de las finanzas públicas del país, con déficits notables en sectores críticos como salud y seguridad, el CEM cuestiona la viabilidad de las iniciativas sin una fuente de financiamiento clara. “Las propias cifras y declaraciones de las autoridades hacendarias indican grandes boquetes en las finanzas públicas”, señaló el consejo, subrayando la importancia de evaluar la factibilidad de estas medidas.

Entre las iniciativas más polémicas anunciadas se encuentra la propuesta de que los magistrados y ministros del Poder Judicial sean elegidos directamente por la ciudadanía, una idea que el CEM califica de “ocurrencia” y que podría aumentar el riesgo de una mayor influencia de la Secretaría de la Defensa en la Guardia Nacional. Esta posición refleja una clara preocupación por el mantenimiento de una separación adecuada entre los poderes del estado y la influencia de las fuerzas armadas en las funciones civiles.
El CEM también ha criticado el uso de un lenguaje “de impacto popular” por parte del presidente, interpretándose como un intento de ganar el favor de las mayorías mientras se debilita la participación ciudadana y se menosprecia a los organismos autónomos, calificándolos de “elitistas”. Esta estrategia, según el organismo, podría tener el objetivo ulterior de consolidar un Estado más intervencionista, alineado con el modo de gobernar hasta la fecha.
Igualmente, la organización sospecha de las motivaciones detrás del momento en que se han lanzado estas propuestas, destacando el contexto del próximo ambiente electoral y la posible intención de influir en la opinión pública mediante políticas que no han demostrado un impacto o cumplimiento efectivo hasta ahora. “Una de las razones por las que se emite este paquete de propuestas es con un ánimo de aprovechar el ambiente electoral”, apuntó el consejo.

En este conjunto de reformas sugeridas, la organización empresarial anticipa un continuo aumento del déficit sin los medios económicos necesarios para sustentarlas, careciendo de alternativas para la generación de ingresos que financien dichas propuestas. Este enfoque, según el CEM, podría tener consecuencias importantes para la economía del país y la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.
Cuáles son las reformas de AMLO
Desde Palacio Nacional, y en medio del 107 aniversario de la Constitución de 1917, el primer mandatario federal enlistó sus 20 cambios a la Ley entre las que destacan la continuidad de la reforma al Poder Judicial y la Ley Electoral (INE), la validación permanente de los apoyos otorgados por la actual Secretaría del Bienestar y la revisión puntual de las reformas a pensiones promulgadas por los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, entre otras.
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