“Poder judicial otorga impunidad a criminales”: opinó Jorge Rocha sobre arresto domiciliario de Murillo Karam

Un juez concedió prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República y quien es el principal exfuncionario detenido por el Caso Ayotzinapa creador de la llamada “verdad histórica”, por lo que podrá seguir su proceso fuera de la cárcel con un brazalete electrónico.

Pese a que el exprocurador de justicia obtuvo esta medida cautelar por el primer proceso que se le abrió como parte del caso Ayotzinapa, deberá permanecer en internación en su lujosa casa de Lomas de Chapultepec debido a que enfrenta prisión preventiva justificada por un segundo proceso.

Este segundo proceso penal le fue abierto en abril de este año, aunque en este caso es por el posible delito de tortura, desaparición forzada y colusión de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, presunto miembro de Guerreros Unidos.

“Yo creo que hay un comportamiento del poder judicial que tiene que ver con un denominador de ir otorgando impunidad a criminales poderosos. Estamos hablando de políticos que tienen este tipo de relaciones de primer orden. Se asemeja en su momento con el tema de Elba Esther Gordillo (lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que evidentemente fue a prisión por un asunto político por una pelea con el entonces presidente Enrique Peña Nieto. La estrategia de la defensa de la maestra siempre fue decir que ella debía estar en casa, en presión domiciliara por su edad y por su enfermedad (sin embargo cuando salió de cárcel ya no tenía padecimientos, incluso hasta se casó con su abogado)”, opinó para Infobae México el analista político Jorge Armando Rocha.

En junio pasado, Murillo Karam fue trasladado a un hospital y desde abril, su defensa legal señaló que su estado de salud era delicado debido a padecimientos clínicos que lo aquejan como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.

“Toman después esta estrategia para liberar a este tipo de personajes que tejieron redes muy poderosas con jueces con legisladores con funcionarios y que de alguna u otra manera les deben favores y dejan que pase un tiempo para liberarlos con la excusa de que están muy enfermos”, consideró el también periodista de ADN 40.

Desde hace varios meses, la defensa del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado un cambio en la medida cautelar, pues la prisión preventiva justificada “es sumamente grave y peligrosa”, pues pone en riesgo la salud del exfuncionario federal.

El juez de control José Rivas González le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria durante una audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, el cambio de medida cautelar se debe por su edad avanzada y su deteriorado estado de salud, por ello el juez de control ordenó que la prisión preventiva la pueda llevar en su casa de Lomas de Chapultepec, ya que afirmó que sus problemas médicos no acreditan el riesgo de fuga.

“En el caso de Murillo Karam hay algo similar, supuestamente si bien no es una acusación política y eso es lo distinto porque está responsabilizado de ser el autor de la llamada ‘verdad histórica’ que tiene que ver con este proceso de impunidad que hubo para quienes participaron directamente o indirectamente de la desaparición de 43 jóvenes de la Rural de Ayotzinapa. Sí vemos es una situación similar de que el poder judicial está liberando prácticamente a Murillo Karam bajo los mismos pretextos su edad 75 años y que está muy enfermo entonces son los caminos que tiene abiertos el propio poder judicial para este tipo de personajes”, señaló Jorge Armando.

Y es que el politólogo cuestiona que la justicia no es igual para todos ya que hay muchas personas que actualmente estarían en prisión por delitos fabricados.

“Cuántas personas no están hoy en día injustamente en prisión mal defendidas que no tienen acceso a estos abogados que también son de primer nivel y saben cómo manejar este tipo de estrategias incluso si los acusados son o no mediáticos. En el caso de Murillo Karam lleva poco más de un año en prisión pero pues pareciera que entonces se relajan las cosas ya estamos en otros temas, como sociedad estamos pensando en otros asuntos, eso lo apuestan al tiempo y a una estrategia que está encaminada a otorgarles impunidad, sin importar la gravedad de los delitos, que en su caso son delitos graves por parte de la de la fiscalía como tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos”, acotó.

El también periodista recordó que el ex procurador “es un hombre del viejo régimen”, fue gobernador de Hidalgo, senador de la República, secretario general del PRI, un hombre muy cercano al expresidente Peña Nieto.

“Yo creo que esta cercanía se reflejaba en una protección mutua y que el propio presidente Peña Nieto estuvo de acuerdo en lo que hizo Murillo en la llamada ‘verdad histórica’ y a forzar una narrativa y decir que la investigación estaba concluida, que los 43 jóvenes habían sido incinerados en un basurero de Cocula. Tomás Zerón hoy está prófugo, cobijado en Israel. Ellos recurrieron a prácticas como la tortura para forzar una versión”, dijo Jorge Armando, quien dos maestrías en el Tecnológico de Monterrey: una en Administración Pública y otra en Análisis Político y Medios de Información.

Sin embargo el analista cree que en la actual administración la situación a nivel político es diferente, más no así la judicial.

“Hoy en día tenemos ya más de 120 detenidos por este caso de Ayotzinapa la mayor parte de las detenciones se ha dado en esta administración, entonces tan estaba mal hecha la investigación y tan quisieron darle carpetazo a Ayotzinapa. Hoy en día hay hasta militares en prisión, en función de la protección que le daban a este grupo criminal de Guerreros Unidos y en función de que sabían también que había pasado con los jóvenes y quisieron mirar para otro lado”, añadió el hijo del famoso periodista Ricardo Rocha, quien falleció el pasado 4 de junio.

— ¿Qué tiene qué pasar para que el poder judicial cambie este tipo de prácticas?

— Tiene que pasar varias cosas una reforma profunda en donde no sólo respondan directamente por un lado a los votantes a los ciudadanos sino que tengan mecanismos de control y de castigo a prácticas corruptas. Una cosa es como lo propone la 4T que sean los jueces electos por la gente y eso sería el principio del camino, pero la otra es que sanciones hay en contra de los jueces que se prestan a prácticas que son ilegales hoy en día.

El Consejo de la judicatura Federal puede sancionar a esos jueces, pero la verdad es que es un consejo muy laxo que los puede prácticamente infraccionar, los puede castigar en términos de dejarlos fuera por un tiempo pero después de eso mantienen su plaza asegurada. Hay un ejemplo reciente de un juez Federal que había dejado en libertad a unos a unas personas que tenían armas de alto poder los deja libertad, y el consejo de la judicatura, en el tiempo de Arturo Saldívar, destituyen a ese juez, que era la primera destitución que se hacía de un juez Federal en ese sentido. Pero en esta administración con Norma piña le regresaron la plaza a ese juez, bajo la determinación que no se puede meter ellos con los criterios de los jueces.

Simplemente pueden castigarlos, por ejemplo si faltan demasiados o si no van a trabajar. Entonces hoy en día no hay jueces en la cárcel por corrupción, no hay mecanismos reales para castigar a los jueces que están liberando delincuentes, que están protegiendo a políticos que están resolviendo de forma discrecional. Entonces una cosa es que el poder judicial tenga una legitimidad democrática, eso lo fortalecería pero también que tenga estos mecanismos en los cuales los ciudadanos sepamos que están vigilados y ellos mismos se sepan vigilados sobre sus propias decisiones y no sean bajo esta autonomía mal entendida separadas de la realidad del país.

Ellos dicen que se atenta contra la autonomía del poder judicial pero una cosa es eso y otra cosa es la independencia, otra es saberse ajeno y sentirse protegidos entre ellos al interior y al exterior. Recuerdo que cuando llegó el ministro Zaldívar a ser presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encontró despachos de abogados que prácticamente tenían sus juntas dentro y tejieron redes de interés muy poderosas con abogados como Diego Fernández de Cevallos y como Antonio Lozano Gracia, que en su momento también fue titular de la PGR. Ellos no perdían los casos, no porque fueron abogados brillantes sino porque su red de intereses obligaba a que sus casos siempre se resolvieran a favor. A tal grado que Diego Fernández de Cevallos le ganó al estado mexicano devolverle los impuestos a la empresa de Jugos del Valle.

Hoy tenemos más mecanismos de rendición de cuentas en torno al ejecutivo, por ejemplo ahora se puede activar la revocación de mandato en el caso del legislativo también, a los diputados se les puede quitar el fuero y se les premia o se les castiga con su reelección, en el caso de los jueces pueden permanecer años y ellos no tienen ningún ningún correctivo o presión para ejercen con rectitud.