Cuáles son los procesos que enfrenta Murillo Karam y de qué lo acusan

Jesús Murillo Karam fungió como titular de la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía) de 2012 a 2015, durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto .

Nació hace 75 años, en Real del Monte, Hidalgo, estudió Derecho y comenzó su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde ocupó el cargo de secretario general de formación, fue diputado y senador de la República.

En su gestión se hizo cargo de la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, situación que marcó su labor y le acarreó fuertes críticas y pedimentos de dimisión.

Envuelto en la polémica

El exprocurador es recordado por sus polémicas frases durante el desarrollo de las investigaciones del caso Ayotzinapa. Semanas después de la desaparición, en una conferencia ante la prensa para ofrecer detalles de las pesquisas, protagonizó uno de los momentos criticados y recordados de su carrera; ante las incesantes preguntas de los periodistas cortó de tajo el evento con un “Muchas gracias, ya me cansé”.

Meses después, enero de 2015, presentó la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala, la teoría gubernamental de que los estudiantes fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes a su vez los asesinaron e incineraron en el basurero municipal de Cocula, Guerrero; la cual persiste hasta nuestros días.

¿De qué se le acusa?

Tras dimitir a su cargo al frente de la extinta PGR, el 27 de febrero de 2015, Murillo Karam mantuvo perfil bajo. Tras las múltiples críticas a la “verdad histórica” por parte de familiares de las víctimas y organismos internacionales, la Fiscalía descartó en 2020 su validez y solicitó el arresto de 46 exfuncionarios, incluido él.

El 19 de agosto de 2022, fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) y vinculado a proceso el día 24 de agosto por la orden del juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia; la primera detención y vinculación a proceso de un político de alto nivel.

El exfuncionario está acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. La Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), pide 82 años de cárcel en su contra y el pago de una multa de 1.7 millones de pesos, además, el mismo organismo lo acusa de tortura y desaparición forzada, en el caso de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”.

Rodríguez Salgado fue un presunto integrante de Guerreros Unidos, grupo criminal que atacó a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y uno de los primeros detenidos por el caso; sufrió torturas por parte de los investigadores del caso. Ambos casos avanzan en los juzgados.

Hace unas horas, un juez federal le concedió prisión domiciliaria al exprocurador por su avanzada edad y motivos de salud, ante el proceso en su contra por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia, relacionados al caso Ayotzinapa. Sin embargo, permanecerá detenido en la Torre Médica del Penal de Tepepan por el segundo proceso en su contra; la tortura y desaparición de “El Cepillo”.