
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, dejó ver nuevamente su respaldo a los trabajadores del Poder Judicial que protestaron el fin de semana en contra de la extinción de fideicomisos y lanzó un contundente llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales.
Durante la sesión de este lunes en el Pleno de la Suprema Corte, la ministra presidenta, quien también es presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) - máximo órgano judicial del país - defendió las protestas de los trabajadores ante la extinción de los fideicomisos.
En su posicionamiento, el cual leyó ante las 10 ministras y ministros, Piña Hernández señaló que si bien su primer compromiso como juzgadores es ante la Constitución, no se puede dejar de lado la voz de la gente y el clamor social.
“Nuestro deber, como siempre lo he sostenido, también es ser empáticos, eficaces, eficientes y actuar con todas las herramientas que nos da nuestro ordenamiento jurídico para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, indicó.
Norma Piña Hernández hizo un llamado a la unidad del Poder Judicial ante la posible vulneración de los derechos de las personas, pues “la impartición de justicia no puede retrasarse indefinidamente ni detenerse en su totalidad”.
Añadió que la población es la mayor beneficiaria del trabajo judicial, por lo que se solidarizó con el personal del Poder Judicial de la Federación a quienes consideró indispensables en la labor diaria, sin que ello los limite a ser únicamente un “capital humano de este poder del Estado”.
Fue entonces que Norma Piña hizo un llamado a los otros poderes de la Unión, al ejecutivo liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Legislativo, conformado por la Cámara de Diputados y el Senado de la república, para que se entienda que el Poder Judicial “no es oposición política ni adversario”, sino que “defiende la Constitución e imparte justicia”.

La ministra presidenta de la Corte apuntó que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino que se trata de un derecho de todas las personas, pues es un principio que garantiza una adecuada impartición de justicia.
“La separación de poderes es esencial para el buen funcionamiento de una democracia, pero es también síntoma de una buena salud republicana”, señaló la ministra, quien recientemente aceptó acudir al Senado de la República a dialogar en torno a la extinción de los fideicomisos antes de que este sea debatido en el Pleno.
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