El Congreso de Morelos interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la detención del fiscal morelense, Uriel Carmona, argumentando la vulneración de la soberanía y autonomía del Poder Legislativo del Estado.
Así lo evidencia el listado de notificaciones de la SCJN, publicado el 9 de agosto y anexada bajo el expediente 403/2023.
La inconformidad del congreso estatal se argumentó bajo el hecho de que, para detener y procesar al fiscal, era necesario que el Poder Legislativo resolviera si era procedente o no, ya que Uriel Carmona cuenta con fuero constitucional.
De acuerdo con el contenido de la controversia, la demanda fue interpuesta en contra de la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de Morelos, así como también contra el Poder Ejecutivo de Morelos.
Uriel Carmona fue detenido la tarde del pasado 4 de agosto bajo un intenso operativo coordinado por la Secretaría de Marina (Semar), la FGR y la policía de Morelos, luego de que la FGJCDMX consiguiera una orden de aprehensión en su contra.
Se le acusa de Delitos Cometidos contra la Procuración y Administración de la Justicia por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue hallado en la carretera de Tepotzotlán, Morelos, en octubre de 2022.
“De acuerdo con la indagatoria, Uriel “N”, en su calidad de Fiscal General de Justicia de aquella entidad, posiblemente realizó una serie de manifestaciones públicas en forma falsa y maliciosa, que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación de la propia institución estatal”, señaló la fiscalía capitalina.
Pese a fuero, fue vinculado a proceso
Dos días después de su detención, Uriel Carmona fue vinculado a proceso aun cuando cuenta con fuero constitucional otorgado por el máximo tribunal del país. Sin embargo, la fiscalía capitalina argumentó que el fuero solo es para delitos federales, por lo que no procede en temas del orden común.
Ese mismo día se resolvió que permanecerá en prisión preventiva, ya que, de acuerdo con las autoridades, existe riesgo de que obstaculice la investigación o ejerza intimidación hacia testigos.
La controversia fue turnada al ministro Arturo Zaldívar, para que instruya el procedimiento correspondiente.
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