Gobierno expuso a Norma Piña por supuestamente proteger a jueza que benefició a delincuentes

La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, volvió a ser blanco del Gobierno Federal por supuestamente “contribuir a la corrupción” dentro del Tercer Poder de la Unión.

La magistrada fue incluida en la lista de “Jueces que favorecen a delincuentes”, presentada durante el reporte de seguridad de la mañanera, por supuestamente haber desechado una queja promovida contra una jueza que habría beneficiado a cuatro presuntos responsables de desaparición forzada.

Según lo informado por el Subsecretario de Seguridad Luis Rodríguez Bucio, sería Norma Piña en su calidad como Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Secretaria Ejecutiva, Gabriela Rolón Montaño, las implicadas en el caso.

Tres juezas, una víctima y cuatro responsables

De acuerdo con el reporte, en diciembre del 2018 se reportó la desaparición de un pepenador identificado como José Francisco “N” en Aguascalientes. La víctima (aún en calidad de desaparecida) habría sido sustraída por elementos de la ex Fiscalía General del Estado (FGE) y escoltas del ex gobernador Martín Orozco.

La denuncia derivó en una primera detención de cuatro presuntos responsables (René “N”, Gerardo Omar “N”, Pablo “N” y Víctor “N”) y a quienes, puntualizó el funcionario, la Jueza de Distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez mantenía “criterios parciales” para beneficiarlos y eventualmente absolverlos del crimen.

Dicha actuación le valió de una queja administrativa promovida en su contra, la cual fue desechada por Norma Piña y Rolón Montaño el pasado 17 de mayo del 2023, según la acusación del Gobierno Federal.

El caso de desaparición forzada tuvo un quinto presunto implicado, Jaime “N”, quien atentó contra su vida “de forma dudosa” en 2019 al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) del estado; mientras que aún se busca la aprehensión de un sexto.

El doble “strike” a Norma Piña

La acusación de la mañanera de este 30 de mayo sería la segunda que el Ejecutivo realiza en contra de la Ministra Presidenta de la Suprema Corte — a quien López Obrador ha reprochado por “dar manga ancha” a jueces de la SCJN.

La primera de éstas fue abundada el pasado 22 de mayo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto a la acusación de López Obrador contra Norma Piña por supuestamente haber contratado a Sonia Vargas Terreno como Directora de Administración del Consejo de la Judicatura Federal de la República.

Según el titular del Ejecutivo Federal, dicha funcionaria habría laborado como Directora de Recursos Materiales durante el periodo de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el sexenio de Felipe Calderón.

El caso y el nulo pronunciamiento del Máximo Tribunal del país motivó a López Obrador a continuar con sus cuestionamientos en contra de la Suprema Corte.

“¿Sigue trabajando ahí? ¿No la han suspendido?”, preguntó a la prensa. “No es bueno el ejemplo que están dando”, atajó el mandatario.

Desde su nombramiento, en enero del 2023, el tabasqueño ha señalado a la magistrada por “avalar la corrupción y el conflicto de intereses” Entre sus señalamientos ha enlistado la “coincidencia” de la llega de Piña con la resoluciones a favor de adversarios de la autodenominada Cuarta Transformación (4T); su reproche por el descongelamiento de cuentas de la esposa de Genaro García Luna, o la “falta de vigilancia” a las y los jueces por parte del Consejo de la Judicatura Federal.