Presidencia exigió a la Suprema Corte retrasar la discusión del Plan B

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicito a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, atender las impugnaciones a leyes hechas en 2018 antes que pronunciarse a la acciones jurídicas impuesta a la reforma secundaria en materia electoral mejor conocida como Plan B.

A través de un comunicado, la consejería Presidencial “en orden de prelación y por seguridad jurídica” exigió al máximo tribunal de justicia de la República dar a conocer las resoluciones constitucionales de las impugnaciones sobre la Ley General de Comunicación Social (GSC) expeditas el 11 de mayo de 2018.

Estas impugnaciones fueron solicitadas por la Comisión Nacional de los Derecho Humano (CDNH) y el partido Movimiento Ciudadana (MC) cuando a finales del 2018, por mayoría parlamentaria, fue aprobada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

La justificación de la CDNH y MC para presentar las acciones jurídicas a la Suprema Corte se debieron a que en la votaciones de dicha ley “existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, según los accionantes, no son acordes con la Constitución federal.”

En este sentido el poder Ejecutivo solicitó resolver las acciones jurídicas de 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, donde se explicó que la LGCS no tenía carácter electoral pero no se concedió la suspensión solicitada por haber estimado ser “una norma general y abarata”; caso contrario a las resoluciones emitidas por la institución sobre las impugnaciones emitidas a la primer parte de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Consejería Presidencial destacó que la Suprema Corte no ha dictado una resolución definitiva a las acciones jurídicas sobre la Ley General de Comunicación Social desde hace cinco años, por lo que el Gobierno pide una postura respecto al tema conforme al orden jurídico.

“La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten a los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que se hace un respetoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento de sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”, destacó el comunicado de Gobierno.

Desde que se discutió en el Congreso de la Unión la reforma electoral, un serie de impugnaciones han llegado a la Suprema Corte de Justicia, emitidas principalmente por los partidos de la oposición y del propio Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con el órgano de justicia que hasta el pasado mes de abril se han presentado 164 impugnaciones al Plan B electoral, 132 controversias inconstitucionales y 8 acciones de inconstitucionalidad.

El pasado 2 de mayo, el máximo tribunal de justicia presentó públicamente un proyecto para descartar de manera definitiva la reforma electoral impulsada por el titular del Ejecutivo federal. El plan fue descrito por el jurista Alberto Pérez Dayán, donde daba a conocer los motivos para invalidad la iniciativa presidencial.

Una de la principales razones para presentar la iniciativa fue por las distintas violaciones que protagonizó la votación de la reforma tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.