Freno al Plan B de AMLO fue para “salvaguardar el sistema democrático”: señaló ministro Laynez

El 24 de marzo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, admitió la controversia constitucional emprendida en contra del paquete de reformas a la ley en materia electoral, mejor conocido como Plan B.

Al respecto, este 27 de marzo, desde los estrados del máximo tribunal, se publicó la resolución en la que, a lo largo de 18 páginas, el ministro justifica la procedencia de la suspensión en contra de la medida impulsada desde el actual gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que, según lo establece el artículo 105 de la Carta Magna, la SCJN no cuenta con la facultad para cuestionar la regularidad constitucional de normas generales, actos u omisiones en materia electoral.

Sin embargo y bajo este sentido, el ministro Javier Laynez consideró necesaria la suspensión de la Reforma Electoral con el fin de salvaguardar el orden democrático.

“El sistema democrático nacional tiene como garantía la adecuada capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE)”, expresó el ministro.

Así, y en primera instancia aseveró que, de no concederse la suspensión del “Plan B”, el INE, quedaría expuesto a adecuaciones presupuestarias que, a su vez,  ocasionarían no sólo la remoción de trabajos sino también la afectación de su alcance como organismo autónomo.

“De no concederse la suspensión, el instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos”, se lee.

Asimismo, en el documento, el abogado acusó la posibilidad de que se vieran afectadas tanto la garantía orgánico-institucional de los derechos a votar y ser votado, como la de la equidad en la contienda.

“Como ya se dijo, el decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando” continúa el texto.

Tras dichos planteamientos estableció que en consecuencia “para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad del decreto impugnado”.

Cabe señalar que lo expresado por el ministro (desde el pasado 24 de marzo) se dio a conocer el mismo día en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió una serie de duros reproches en su contra.

Durante la conferencia matutina del 27 de marzo, el mandatario acusó que la suspensión del Plan B obedecía a motivaciones políticas y hasta mercantiles.  En este sentido, aseveró que Laynez Potisek extralimitó sus facultades dentro de la Suprema Corte.

“Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político y yo diría mercantil. Porque lo que no quieren no es ni siquiera que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral, lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo”, dijo.

En tanto, respecto a la primera derrota en el máximo tribunal, López Obrador aseguró que ya tiene un Plan C en materia electoral, que no sería más que el pueblo no otorgue ningún voto a la oposición en las próximas elecciones.

Cabe recordar que además del Plan C mencionado por el tabasqueño, el Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Laynez Potisek, según adelanto desde el 26 de marzo.