Esta es la red de empresas con la que Roberto Borge habría desviado más de 900 mdp en Quintana Roo

Con ayuda de familiares, amistades, un abogado y hasta una funcionaria, Roberto Borge Angulo habría orquestado un desvío de más de 900 millones de pesos al erario de Quintana Roo cuando fue gobernador.

Por dicho delito, el exfuncionario estatal fue vinculado a proceso el 5 de enero de 2019, pues las investigaciones en su contra incluyeron elementos para demostrar su presunta responsabilidad en el remate de al menos 22 predios que formaban parte de una reserva natural, según reportó el medio Zeta Tijuana.

Acorde con los informes consultados por dicha publicación, los terrenos fueron adquiridos durante la administración de Borge (del 5 de abril de 2011 al 24 de septiembre de 2016) por 238 millones 790 mil 121,98 pesos, aunque su precio real era de mil 138 millones 889 mil 540 pesos. Es decir, la compra fue concretada por 900 millones 99 mil 418 pesos por debajo del valor real. Dicha diferencia fue señalada como un quebranto al patrimonio de Quintana Roo.

La red de corrupción mediante la que se orquestaron dichas operaciones incluyó a diversas empresas fantasma como Estemar del Caribe, Ruta Náutica, Caracol 65, Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe y Syenat del Caribe.

Al menos una de estas entidades (Impulsora Marítima de Quintana Roo) tenía como representante legal a César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge Angulo. Además, reportes periodísticos lo identificaron como administrador de Caracol 65 S.A. de C.V. y Syenat del Caribe S.A. de C.V.

Este sujeto fue detenido el 14 de julio de 2017 y vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, en 2020 un Tribunal Federal le otorgó una suspensión provisional para modificar la medida cautelar impuesta en su contra, por lo que enfrenta su proceso en libertad.

Entre las personas beneficiadas por la compra de terrenos a bajo costo también habría estado María de Lourdes Pinelo Nieto, quien se desempeñó en su momento como secretaria de Roberto Borge Martín, padre del exgobernador.

Adicionalmente, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que en la aparente red de corrupción también estaría involucrada Claudia Romanillos Villanueva, quien durante el gobierno de Roberto Borge ocupó el puesto de directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE).

Hasta el momento en que fue publicada esta nota, la orden de aprehensión contra Romanillos Villanueva (también por lavado de dinero) continúa vigente, pues se ha mantenido prófuga de la justicia.

Durante las investigaciones referentes al entramado de posible corrupción, las autoridades se percataron de que en la venta de al menos tres predios se había ocultado totalmente la información alusiva al proceso de compra-venta, además de que no habían sido notificadas a las dependencias estatales.

María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Roberto Borge, era una de las personas cuyos bienes se mantuvieron restringidos ante las inspecciones de las autoridades, todo bajo el argumento de proteger sus datos personales.

Además de ser señalado por su posible responsabilidad en dicha estructura de corrupción, el 13 de noviembre de 2019 Borge fue vinculado a proceso por presunto desempeño irregular de la función pública. Esto, debido a que un juez de control determinó que habría entregado, de manera indebida, cinco concesiones de transporte de carros de golf en Isla Mujeres. No obstante, en diciembre de 2023 el exgobernador obtuvo un amparo contra este proceso.

Por si fuera poco, el 16 de marzo de 2023 fue, nuevamente, vinculado a proceso, pero por el delito de delincuencia organizada, según la carpeta de investigación 541/2019, por lo que dicho individuo se quedará en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.