Plan B: los puntos que la SCJN valorará ante las impugnaciones a la Reforma Electoral de AMLO

Las fuerzas opositoras iniciaron los procesos de apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Plan B de la Reforma Electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que se espera una discusión intensa en la Primera Sala de la máxima autoridad judicial de México.

Los discursos que se han expuesto tanto en favor como en contra de la iniciativa en materia político-electoral son redundantes. Por un lado, los opositores a la administración de la llamada Cuarta Transformación (4T) insisten en que el Plan B violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) al inclinar la balanza en favor del oficialismo; mientras que los simpatizantes insisten en que esto es una apreciación errónea.

Los bandos quedaron claros. Del lado del obradorismo está la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM); mientras que del otro lado está la coalición Va por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD); el Instituto Nacional Electoral (INE) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes promovieron las acciones de inconstitucionalidad.

De acuerdo con la oposición, la Reforma Electoral promueve mecanismos nuevos de publicidad oficial que no alimentan el sistema democrático, adelgaza las penas que podría imponer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a las y los candidatos que violen las normas y permite que los funcionarios en turno puedan hacer proselitismo de algún candidato, lo cual influiría en la percepción ciudadana.

“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado”, apuntó el INE cuando informó a la ciudadanía que ya procedió contra el Plan B ante la Suprema Corte.

En ese sentido, Va por México, MC y el INE coinciden en que la Reforma Electoral vulnera el Artículo 134 constitucional, el cual dicta en su párrafo VIII:

Del otro lado del espectro están los morenistas, quienes sostienen que la iniciativa no contraviene la Carta Magna y, aunque sí plantean modificaciones al marco legal de los procesos electorales, todos los cambios aplican de manera igual a todas las expresiones políticas, por lo que, desde el punto de vista partidario, no hay inequidad.

En relación a la promoción personalizada de las y los candidatos por parte de personas servidoras públicas, las bancadas oficialistas sostienen que no se viola la Constitución, pero que la Corte deberá de establecer una discusión en la que deberá de valorar dos derechos que se contraponen.

El primero de ellos es la equidad entre adversarios políticos durante los periodos de campañas; el segundo de ellos es el derecho a la información por parte de la ciudadanía, pues la promoción de las figuras, de acuerdo con Morena, permite que las y los ciudadanos tengan una imagen más clara de por quién podrían votar.

Cabe recordar que Hamlet García, diputado por Morena, ya se había pronunciado al respecto: “yo diría que la libertad de expresión de los funcionarios tiene menos peso que el derecho a la información de la ciudadanía”.