Eduardo Belliboni declaró durante tres horas y negó las acusaciones por extorsionar a beneficiarios de planes sociales

El titular del Polo Obrero estuvo desde pasadas las 9 hasta cerca de las 12 con el juez Casanello y el fiscal Pollicita. Presentó tres carpetas con documentación e insistió en que se trata de una causa armada por el gobierno de Javier Milei

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Eduardo Belliboni tras su indagatoria (Foto: Adrián Escandar)
Eduardo Belliboni tras su indagatoria (Foto: Adrián Escandar)

El titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, declaró hoy durante cerca de tres horas ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa en la que se investiga una presunta extorsión desde la organización a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta contra el estado por el uso de facturas falsas para rendir los gastos por los fondos públicos que el estado nacional le daba para las unidades de gestión.

Belliboni negó las acusaciones, contó cómo funciona el Polo Obrero y presentó tres biblioratos con documentación para contrarrestar la imputación. Además, insistió que se trata de una causa armada por el gobierno de Javier Milei. “Justo esta causa comienza con la campaña antipiquetera y de representación que inició el gobierno el 20 de diciembre”, dijo el dirigente ante la prensa tras la indagatoria.

El líder piquetero llegó a las 9 en los tribunales de Comodoro Py y el Polo Obrero convocó a una manifestación para el mediodía en la puerta del edificio de Retiro sobre la que había una fuerte custodio policial con un camión hidrante incluido. La de Belliboni fue la primera indagatoria de la última audiencia de acusaciones a las que fueron convocadas 23 personas. Fueron tres semanas de audiencias. Luego, el juez Casanello tendrá 10 días para resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a los acusados.

Hasta ahora, los imputados que aceptaron declarar explicaron que no se le negaba la comida a nadie. Los dirigentes más políticos aseguraron que los aportes de dinero eran voluntarios y que existe una persecución política por parte del Gobierno contra los movimientos sociales. Todos rechazaron los delitos por los que están imputados.

En esa línea también declaró Belliboni, acompañado por sus abogadas Liliana Alaniz y Claudia Ferraro. Presentó tres carpetas con documentación sobre que el Polo Obrero tuvo más altas que bajas de beneficiarios de planes sociales, por lo que dijo que la gente prefería estar en la organización y que con eso no era extorsionada. En otra carpeta acompañó fotos y documentos sobre los gastos que el Polo Obrero hacía para mantener los comedores. Sostuvo que instalar cada comedor sale 6 millones de pesos.

Una de las carpetas que presentó Belliboni en su indagatoria
Una de las carpetas que presentó Belliboni en su indagatoria

Belliboni negó que los beneficiarios de planes sociales sean extorsionados. Dijo que los aportes son voluntarios. Puse como ejemplo que durante el gobierno de Mauricio Macri quienes tenían planes sociales no hacían ninguna contraprestación y que fue el momento que el Polo Obrero más gente movilizó.

Respecto de la acusación sobre el uso de facturas falsas, el dirigente social dijo que las empresas que usaron eran autorizadas por la AFIP y que si había algún problema era responsabilidad de ese organismo que dejaba seguir operando a las empresas. Finalmente se negó a contestar preguntas.

“Mucha militancia y poca explicación”, fue la conclusión de una fuente judicial que participó de la audiencia.

En el inicio de la investigación, el fiscal Pollicita, Belliboni no estaba imputado. Su nombre surgió cuando se hicieron los primeros allanamientos en la causa. Allí se encontraron facturas con la firma de Belliboni que serían falsas con el objetivo de justificar gastos ante el ex Ministerio de Desarrollo Social -hoy Capital Humano- que nunca se realizaron.

La movilización a Comodoro Py (Foto: Adrián Escandar)
La movilización a Comodoro Py (Foto: Adrián Escandar)

El Estado le entregaba dinero al Polo Obrero y a la Cooperativa El Resplandor por convenios del Plan Potenciar Trabajo como unidades de gestión. Parte de ese dinero (unos 279 millones de pesos de un total de 360 millones) se rindieron en concepto de herramientas, ropa y cursos. Pero de ese dinero rendido, aparecieron nuevas sospechas.

Inicialmente, el juez detectó que se contrató a una firma llamada Costex SA y a la imprenta Rumbos, que pertenecería al propio partido. Costex, en cambio, fue el puntapié para abrir más hilos: la AFIP la declaró como una usina de facturas truchas. Fue fundada por por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega. Ninguno de los dos tenían capacidad económica para ese emprendimiento. Cuando declararon, dijeron no saber de qué se les estaba hablando.

Sin embargo, los investigadores detectaron en las últimas horas conversaciones que revelarían que a las dos personas las mandaban autos para que fueran al banco a retirar chequeras o abrir cuentas y recibían un pago período por esos servicios. La pregunta sigue siendo quiénes estaban atrás de esas órdenes.

Aparecieron además facturas a Urban Graphics SA, Rizo Print SRL, Miniso Trade SRL y Carlos Osvaldo Monfrini, que prestado servicios alquilando handies. En estos movimientos, el Polo Obrero emitió cheques, pero esos cheques habrían terminado siendo acreditados en cuentas de Rumbos, con lo que se refuerza la sospecha de dibujar gastos para fondear actividades del partido.

El juez federal Sebastián Casanello
El juez federal Sebastián Casanello

Cuando el juez Casanello dispuso las indagatorias señaló: “Todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarias del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local –”Potenciar Trabajo”- (Resolución 121/20 del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales, que actuaron como unidades de gestión. El rol de esas unidades era garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica. El directo del ingreso económico debía ser completado por el beneficio indirecto que ofrecía la unidad de gestión”.

Según destacó, “por esta tarea, la organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados. Los elementos probatorios reunidos por la fiscalía y el juzgado llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado”.

“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo”, afirmó. Hoy será el turno de Belliboni.

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