AMIA: la Corte Interamericana de Derechos Humanos definirá si condena al Estado argentino

La Corte Interamericana de Derechos Humanos definirá este viernes 14 de junio si condena al Estado argentino por la causa AMIA, por la falta de esclarecimiento y la corrupción que rodeó la investigación del atentado contra la AMIA, que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas. La demanda fue impulsada por los familiares de las víctimas que integran Memoria Activa, acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Y hace dos años, el Gobierno de Alberto Fernández reconoció en esos estrados su responsabilidad en los hechos.

Desde entonces, la Corte IDH se encuentra en condiciones de dar un veredicto que podría incluir reparaciones económica y las directivas de reencausar la investigación. La decisión se conoce a un mes de que se cumplan 30 años de aquella trágica explosión en la sede de la mutual judía. Justamente, en abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal dictó dos sentencias claves en este caso.

Por un lado confirmó la mayoría de las condenas por las graves irregularidades cometidas al inicio de la investigación del ataque, aunque modificó las penas en algunos casos y en otros el delito investigado. El ex juez Galeano quedó condenado a cuatro años, mientras que la sentencia para los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia quedó en dos años de prisión. Por otro, confirmó la absolución del reducidor de autos Carlos Telleldín en un fallo en donde el voto del juez Carlos Mahiques sostuvo que el ataque contra la embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah. El fallo sostuvo además que la voladura de la AMIA fue un crimen de “lesa humanidad” y abrió la puerta para que la Argentina demande formalmente a Irán.

El 18 de julio de 1994, a las 9:53, un coche bomba subió a la vereda e impactó contra el frente del edificio de la AMIA, en Pasteur 633. La camioneta Trafic llevaba en el furgón, entre los asientos y el buche de las ruedas traseras, una combinación de nitrato de amonio -con el agregado para potenciar el nivel de destrucción de aluminio-, un hidrocarburo pesado, trinitrotolueno (T.N.T.) y nitroglicerina. La carga explosiva fue similar a unos 300 o 400 kilos de TNT. El atentado mató a 85 personas.

Memoria Activa había denunciado en 1999 junto al CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violación de los derechos a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva.

Y a días de cumplirse el 11º aniversario del ataque a la mutual judía, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 812/05 en donde reconocía la responsabilidad del Estado argentino por no haber esclarecido ni haber prevenido el atentado terrorista y se compromete a realizar una serie de medidas para cumplir sus obligaciones. “Pasaron los gobiernos, pero nadie las cumplió”, dijo Memoria Activa en marzo. En 2021 la CIDH eleva el caso “Memoria Activa contra el Estado argentino” a la Corte Interamericana de DDHH, debido al incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH por parte del Estado argentino.”

El decreto de Néstor Kirchner se firmó luego de la sentencia del Tribunal Oral Federal 3 que, en 2004, absolvió a todos los acusados de ser parte de la conexión local, tras denunciar una serie de delitos que habían ocurrido durante la instrucción de la causa por la voladura. Allí agentes de la entonces SIDE confirmaron que habían pagado al reducidor de autos Carlos Telleldin 400 mil dólares para que, cuando estaba por cumplirse dos años de la voladura de la mutual judía, acusara a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta bomba.

La sentencia por la llamada conexión local activó la causa por el llamado encubrimiento del atentado, que llevó a juicio y condenó en 2019 al ex juez de la causa Juan José Galeano o el ex titular de la central de inteligencia, Hugo Anzorreguy, entre otros.

Hacia ellos apuntó la funcionaria del Ministerio de Justicia de la gestión de Alberto Fernández al hablar ante la Corte IDH. Acusó a “quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno”. Para el Ministerio de Justicia de la gestión pasada, el gobierno de Carlos Menem buscó desviar la pista que conducía a Alberto Kanoore Edul, oriundo del pueblo de donde nació la familia del ex presidente Carlos Menem. La llamada pista siria no se corroboró en el juicio oral, que culminó en 2019 y en el que el ex presidente, ya fallecido, fue absuelto. Esa decisión fue ratificada por mayoría en Casación en abril pasado.

“Hace 25 años, denunciamos al Estado argentino por el atentado. Este viernes, esperamos justicia”, dijo Memoria Activa al anunciar que mañana habrá un veredicto.

La Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. Está integrada por siete magistrados nacionales de los Estados miembros de la OEA: Nancy Hernández López, Rodrigo Mudrovitsch, Humberto Antonio Sierra Porto, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Ricardo C. Pérez Manrique, Verónica Gómez y Patricia Pérez Goldberg.