La Corte Suprema de Estados Unidos evaluaba el miércoles la histórica iniciativa de Donald Trump para eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento, en una jornada marcada por la presencia inusual del presidente republicano entre el público.
Este caso emblemático constituye un pilar en los intentos de Trump por restringir la inmigración, y su decisión de asistir a los alegatos orales no tiene precedentes para un mandatario en ejercicio.
Trump abandonó la audiencia tras la intervención de su procurador general, John Sauer, y no permaneció para los argumentos de la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Cecillia Wang, quien defiende la ciudadanía por nacimiento.
El año pasado, tras regresar a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva que establecía que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres en situación migratoria irregular o con visas temporales no obtendrían automáticamente la ciudadanía estadounidense.
Los tribunales inferiores bloquearon la medida por considerarla inconstitucional, al determinar que, según la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14, casi todas las personas nacidas en suelo estadounidense son ciudadanas del país.
Sauer argumentó ante la Corte que “la ciudadanía irrestricta por nacimiento contradice la práctica de la gran mayoría de las naciones modernas” y “menosprecia el invaluable y profundo regalo de la ciudadanía estadounidense”.
“Suscita un fuerte incentivo para la inmigración ilegal y premia a quienes no solo violan las leyes migratorias, sino que también se adelantan a quienes cumplen con las reglas”, sostuvo.
Agregó que esto también fomenta lo que denominó “turismo de nacimientos”, es decir, el ingreso de extranjeras a Estados Unidos con el único objetivo de dar a luz.
Varios jueces de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, mostraron escepticismo ante la propuesta de eliminar la ciudadanía por nacimiento.
El presidente del tribunal, John Roberts, de tendencia conservadora, preguntó a Sauer cuán frecuente es el “turismo de nacimientos”, y luego indicó que, independientemente de la cantidad de casos, ello “no tendría impacto en el análisis legal” del proceso.
“Ahora estamos en un mundo nuevo”, respondió Sauer, “donde ocho mil millones de personas están a un vuelo de tener un hijo ciudadano estadounidense”.
“Bueno, es un mundo nuevo pero es la misma Constitución”, replicó Roberts.
“Peculiar”
La Enmienda 14 establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de Estados Unidos”.
No aplica a quienes no están sujetos a la jurisdicción estadounidense –como los hijos de diplomáticos extranjeros–, y Roberts observó que el gobierno parecía querer ampliar las excepciones “a toda una clase de inmigrantes en situación irregular”, algo que calificó como “peculiar”.
El juez Brett Kavanaugh, también conservador, preguntó a Sauer por qué citaba las políticas de ciudadanía por nacimiento de otros países.
“Tratamos de interpretar la ley estadounidense con precedentes estadounidenses y basados en la historia de nuestro país”, señaló Kavanaugh. “¿Por qué deberíamos considerar las prácticas de otros países? No veo la relevancia en términos de interpretación constitucional o legal”.
Wang, abogada de la ACLU, advirtió a los jueces que rechazar la ciudadanía por nacimiento pondría en duda “la ciudadanía de millones de estadounidenses, pasados, presentes y futuros”.
“Cualquier estadounidense puede decir cuál es nuestra regla de ciudadanía: todos los nacidos aquí son ciudadanos por igual”, dijo Wang. “Esa norma quedó consagrada en la Enmienda 14 para que ningún funcionario pudiera destruirla”.
Trump ha dedicado el primer año de su segundo mandato a ejercer poderes ejecutivos extraordinarios, marginando al Congreso y presionando reiteradamente a los tribunales, a cuyos jueces ha calificado de “rebeldes” y “criminales”.
El gobierno de Trump sostiene que la Enmienda 14, aprobada tras la Guerra Civil de 1861-1865, aborda los derechos de ciudadanía de los antiguos esclavos y no los de los hijos de migrantes indocumentados o visitantes.
La orden ejecutiva de Trump parte de la idea de que quien se encuentra en Estados Unidos en situación irregular o con visa no está “sujeto a la jurisdicción” del país y, por tanto, queda excluido de la ciudadanía automática.
La Corte Suprema rechazó esa interpretación restrictiva en un fallo de 1898 sobre un hombre nacido en San Francisco de padres chinos.
Los conservadores cuentan con una supermayoría de 6 a 3 en el máximo tribunal, y tres de los jueces fueron designados por Trump.
Si la Corte rechaza poner fin a la ciudadanía por nacimiento, sería la segunda derrota importante para Trump en este periodo: en febrero, los jueces invalidaron la mayoría de sus aranceles globales.
Se prevé que la decisión final sobre el caso se conozca a fines de junio o principios de julio.
(AFP)
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