Bolaños: la reparación de las víctimas de abusos no debe estar determinada por una cifra

Madrid, 30 mar (EFE).- El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha justificado este lunes que el protocolo firmado con la Iglesia para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales no incluya baremos ni cantidades económicas y ha dicho que "una reparación justa no debe estar determinada por ninguna cifra, ni mínima, ni máxima".

En una intervención ante los medios tras firmar el protocolo con la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, Bolaños ha subrayado que el protocolo no establece "ningún criterio económico obligatorio para las indemnizaciones, ni por lo bajo ni por lo alto" y eso se debe a que "cada caso se va a estudiar en detalle por los expertos".

Según el ministro, lo que sí establece el protocolo son los criterios que dan lugar a la indemnización económica: la gravedad de los abusos sufridos, la violencia ejercida, la edad de la víctima, el tiempo que duraron y la relación entre víctima y victimario y todo tipo de "criterios objetivos" para llegar a una reparación justa.

"Yo siempre he comunicado a las víctimas que un umbral mínimo y otro máximo no es una buena noticia, pero sí es una buena noticia que cada caso se analice en profundidad y con objetividad", ha dicho el ministro.

Bolaños ha insistido en que ha habido casos extremos, "casos que han costado la vida" y, por ello, se ha preguntado por qué limitar las indemnizaciones: "que sean los expertos independientes quienes hagan una propuesta y la última palabra sea del Estado".

Bolaños también ha informado de que el Vaticano es conocedor del acuerdo y lo ha sido "en todo momento": "Ha habido conversaciones este fin de semana" y durante la visita de los reyes al Papa, el ministro ha desvelado que hubo oportunidad de trasladar el acuerdo personalmente a León XIV.

Respecto al hecho de que el protocolo, finalmente, no recoja que las compensaciones estén exentas de tributación, especialmente sobre el impuesto sobre la renta, Bolaños ha avanzado que el Gobierno está trabajando en aprobar una norma con rango de ley para las exenciones fiscales de las víctimas

Y ha añadido que confía en que "en fechas relativamente tempranas estará aprobada la norma".

Además, ha explicado que habrá que hacer "una pequeña modificación en la estructura del Ministerio para que el 15 de abril estemos preparados y las víctimas puedan solicitar su reparación".

 Por su parte, el presidente de la CEE, Luis Argüello, ha reconocido que su experiencia le permite constatar que "hay ámbitos donde la reparación integral es imposible, hay heridas provocadas que precisan otra dimensión que excede estos acuerdos".

No obstante, ha precisado, que esto "no exime a la Iglesia de hacer todo lo posible por abordar esas situaciones rostro a rostro, hay que poner el acento en las personas".

Argüello también ha admitido que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas "no han confiado en las diócesis ni en las congregaciones".

Y ha subrayado que la Iglesia "acepta compartir la iniciativa con la administración pública y con el Defensor del Pueblo".

  Mientras, el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, ha considerado que "siempre es preferible intentar un acuerdo, aunque no sea perfecto que un no acuerdo" y ha reconocido la importancia del pasos dado pese "a las diferencia".

Por su parte, el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha insistido en que este proceso "no es un mero trámite burocrático, ni una ventanilla bancaria, ni un proceso cosificador, es un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano".

Gabilondo ha reconocido que, "sin duda, la respuesta es tardía" y ha informado de que un grupo de profesionales independientes del Defensor del Pueblo valorará las solicitudes.

"Estudiado cada caso, la unidad del Defensor del Pueblo elaborará una valoración de reconocimiento o de denegación en un plazo de tres meses. La unidad la trasladará a la comisión asesora PRIVA, que en dos meses como máximo tendrá que dar a conocer su criterio.

Gabilondo también ha abogado por "evitar la revictimización" y que el solicitante tenga que ir de un lugar a otro, narrar varias veces lo sucedido a ver a quien convence más.

"No es un convenio ni un acuerdo es un protocolo para hacer funcionar el sistema de reconocimiento con una reparación integral porque el dolor tiene muchas dimensiones", ha concluido.EFE

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