Un juez de Alicante levanta el secreto de sumario en la causa de los bonos comercio

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, acabó quedando en libertad con cargos tras ser arrestado el 13 de marzo en el contexto de una investigación que examina la gestión de las ayudas comerciales en una veintena de municipios de la provincia. Este proceso, que analiza el funcionamiento y el posible uso irregular de los conocidos "bonos comercio" de la Diputación de Alicante correspondientes a los años 2022 y 2023, atrajo la atención pública luego de que la Policía Nacional realizara varias intervenciones en dependencias vinculadas a Facpyme, incluidos despachos de su sede en la calle Orense de Alicante y también en un trastero. Según lo detalló el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la investigación se encuentra en una nueva fase tras el levantamiento del secreto de sumario.

Según informó el medio, la decisión de dejar sin efecto el secreto de sumario fue tomada por el juez titular de la plaza cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, lo que permite que las partes accedan ahora a los detalles que integran el proceso judicial. Este levantamiento se produce tras meses de pesquisas dirigidas por la Fiscalía Anticorrupción, iniciadas a partir de una denuncia relacionada con la distribución y control de los citados bonos en localidades de la provincia.

Tal como publicó el TSJCV, en el transcurso de la instrucción, efectivos de la Policía Nacional efectuaron registros en recintos pertenecientes a Facpyme con el objetivo de recabar documentación y pruebas que sirvan para aclarar cómo se gestionaron los fondos provenientes de los programas de ayuda comercial. Estas actuaciones se realizaron con el propósito de identificar posibles irregularidades y esclarecer si existió algún beneficio indebido por parte de los responsables.

Durante un acto reciente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño realizó declaraciones ante los representantes del sector y los medios de comunicación. En ese encuentro, defendió de manera pública su conducta y manifestó que se encuentra "a disposición" de la justicia. Baño negó haber recibido contraprestaciones económicas, ni en Facpyme ni en la institución cameral, y afirmó que "no" había "cobrado nunca" en ninguna de las entidades investigadas. Expresó también palabras de agradecimiento hacia quienes le transmitieron apoyo y confianza en medio de la situación judicial.

El alcance de la investigación incluye el periodo en el que la Diputación de Alicante puso en marcha el programa de bonos comercio, destinado a fomentar la actividad económica en diferentes municipios. De acuerdo con lo consignado por el TSJCV, la instrucción sigue bajo supervisión judicial y mantiene bajo análisis tanto las declaraciones de los implicados como la documentación obtenida en los registros realizados. La Fiscalía Anticorrupción impulsa el procedimiento a raíz de indicios recogidos en la denuncia inicial.

La decisión de levantar el secreto de sumario supone que tanto las partes implicadas como sus representantes legales pueden acceder a la información contenida en el caso, lo que facilita la preparación de estrategias procesales y permite un mayor conocimiento sobre los elementos que sustentan la investigación de los llamados bonos comercio, detalló el TSJCV.

Fuentes vinculadas al proceso comunicaron que los registros efectuados incluyeron varias dependencias administrativas de Facpyme. El propósito de estas diligencias, según informaron desde el entorno judicial y fue confirmado por el TSJCV, es recabar datos que permitan esclarecer la gestión de los fondos públicos y determinar si existieron desviaciones o aprovechamientos irregulares en el reparto de las ayudas.

Por su parte, Carlos Baño insistió, en declaraciones a la prensa recogidas por el TSJCV, en su "honradez" y la ausencia de cualquier aprovechamiento personal relacionado con el programa de los bonos. Agradeció el apoyo recibido durante los últimos meses y expresó determinación en colaborar con la justicia para aclarar el alcance de las acusaciones.

El caso permanece abierto, y la instrucción continuará con la revisión de pruebas, declaraciones y los materiales aportados tras el levantamiento del secreto de sumario. Según publicó el TSJCV, la tramitación del expediente se mantiene bajo control judicial sin que se descarte la posibilidad de nuevas comparecencias o actuaciones policiales conforme avance el proceso.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción, según informaciones proporcionadas a lo largo del proceso, pone el foco en el uso de recursos públicos asociados a los programas de reactivación comercial implementados en la provincia, y busca determinar si las ayudas cumplieron su finalidad o si fueron objeto de desvíos o irregularidades en su ejecución.