Un exagente de banca de Laxe (A Coruña) acepta más de dos años de prisión por estafar 3,7 millones de euros

El cálculo exacto de la indemnización que deberá abonar el exagente se determinará en una vista judicial programada para finales de septiembre. De acuerdo con lo publicado por el medio original, el importe que deberá afrontar el acusado como responsabilidad civil permanece pendiente, ya que será el resultado del juicio previsto para los días 22, 23 y 24 de ese mes. Este proceso buscará concretar la cuantía total destinada a resarcir los daños producidos a las víctimas de las operaciones irregulares.

Un antiguo empleado bancario de Laxe, en la provincia de A Coruña, ha reconocido haber cometido una estafa que asciende a 3.715.130,64 euros tras un acuerdo con la Fiscalía, tal como informó el medio original. La resolución adoptada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña incluye una condena de dos años y ocho meses de prisión para el acusado, quien también deberá afrontar dos multas de 450 euros. Las partes implicadas alcanzaron el pacto en el juicio celebrado este jueves, tras la admisión expresa de los hechos por parte del procesado, lo que ha permitido una reducción de la pena por la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación parcial del daño.

Según detalló la acusación pública y confirmó el medio original, el exagente bancario desarrolló entre los años 2006 y 2014 una serie de prácticas fraudulentas dirigidas a apropiarse de fondos pertenecientes a clientes de la sucursal donde ejercía su labor. El escrito de la Fiscalía especifica que el acusado se aprovechó del vínculo directo que mantenía con los usuarios, en muchos casos personas de edad avanzada con conocimientos limitados sobre productos financieros, para establecer relaciones de confianza basadas en un trato supuestamente cercano y personalizado.

La Fiscalía relató que el condenado creó una estructura paralela ajena a los mecanismos de control oficial de la entidad bancaria. A través de operaciones no registradas, el acusado introducía saldos ficticios en las libretas de ahorro mediante la mecanografía de datos, efectuando manipulaciones que daban la apariencia de legitimidad a las cuentas de sus clientes. También se citó que llegó a apropiarse directamente de efectivo, omitiendo su contabilización en los canales oficiales.

Otro de los mecanismos fraudulentos identificados por la acusación, recogidos por el medio original, incluía la retirada irregular de fondos mediante la falsificación de firmas de los titulares de las cuentas. El exagente fue vinculado además a la contratación de seguros, préstamos y otros productos financieros a nombre de los afectados sin su consentimiento. De la cuantía total de la estafa, se imputaron 2.916.388,25 euros a las extracciones irregulares efectuadas en perjuicio de 151 clientes, así como 798.742,39 euros procedentes de 61 créditos solicitados fraudulentamente a cargo de los mismos damnificados.

Durante la audiencia, según consignó el medio original, la representante del Ministerio Público manifestó que el acusado había reconocido de forma íntegra todos los puntos objeto de imputación, permitiendo así que se materializara el acuerdo entre su defensa y la acusación. Para los delitos concretos, se estableció una pena de prisión de 11 meses por falsedad documental de carácter continuado, y una condena de 21 meses de cárcel por estafa agravada y continuada, conforme se pactó en Sala.

El tribunal tuvo en cuenta dos circunstancias para la rebaja de la condena: la existencia de una dilatación excesiva en el procedimiento judicial y la reparación, al menos parcial, del perjuicio causado a los afectados. Estos factores fueron determinantes para que el procesado evitara penas superiores a las finalmente impuestas, según publicó el medio original.

Aunque la sentencia aún no contempla la determinación precisa de la responsabilidad civil, el importe deberá fijarse en el próximo juicio. La fase pendiente se centrará en valorar el alcance económico del daño y definir, a través de informes y peritajes, la suma que el exagente deberá abonar para indemnizar a los perjudicados, según informó el medio original. La complejidad de la red de operaciones irregulares y la diversidad de afectados obligan a una evaluación detallada que permita establecer el resarcimiento adecuado para cada persona y para la entidad bancaria implicada.

El avance de este procedimiento judicial pone de manifiesto la dificultad de detectar ciertas prácticas fraudulentas cuando se sustentan en relaciones de confianza y en la vulnerabilidad de personas de edad avanzada, según expuso la acusación durante la vista oral. La resolución judicial, además de imponer una pena privativa de libertad y una multa al acusado, incorpora el compromiso de definir la reparación económica conforme a los hechos ya asumidos por el procesado en el tribunal.

Los hechos relatados en Sala revelan un daño económico con repercusiones tanto para los clientes como para la institución bancaria, que deberá colaborar en los trabajos pendientes de valoración como parte del proceso abierto. Como destacó la representante del Ministerio Público, el reconocimiento íntegro de los hechos allanó el camino para una resolución basada en el acuerdo, con la prioridad puesta en la recuperación para los afectados de la mayor cuantía posible entre los recursos del condenado.

El juicio que se celebrará en septiembre determinará la responsabilidad económica definitiva asociada a las operaciones irregulares y al perjuicio ocasionado por el acusado durante los ocho años en los que cometió los delitos, detalló el medio original.