La defensa de Koldo García ha cuestionado la posibilidad de que Ángel Víctor Torres y Francina Armengol testifiquen por escrito en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, considerando que este método eliminaría la espontaneidad y dificultaría la valoración de la credibilidad de los testigos. Según informó Europa Press, el Tribunal Supremo ha consultado a todas las partes implicadas en el proceso sobre la solicitud que presentaron Torres, actual ministro y ex presidente de Canarias, y Armengol, hoy presidenta del Congreso y ex presidenta balear, quienes buscaron quedar exentos de declarar presencialmente debido a su condición de antiguos presidentes autonómicos y sus cargos actuales.
El alto tribunal, conforme a lo consignado por Europa Press, dictó una providencia en la que da un plazo de tres días a defensas y acusaciones para que se pronuncien sobre esta petición de testimonio por escrito. En dicho documento, los magistrados preguntan de manera explícita si el contenido del testimonio de Torres y Armengol tiene relación con el ejercicio de sus antiguos cargos, y detallan que, según la normativa invocada por los solicitantes, el eventual informe debe centrarse en el marco de esas competencias.
La previsión inicial de la causa señala que Torres y Armengol comparecerían el 22 de abril. Las cuestiones que probablemente deban abordar se vinculan principalmente con la adjudicación de contratos de compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión durante sus respectivos mandatos, mientras lideraban los ejecutivos de Canarias y Baleares en la pandemia, datos que constituyen el centro de la investigación reportada por Europa Press.
Por otra parte, la postura de la defensa de Koldo, plasmada en un escrito recogido por Europa Press, rechaza el formato de declaración escrita y subraya que entregar previamente un listado de preguntas restaría espontaneidad y permitiría a los testigos preparar sus respuestas, lo que, a su criterio, deterioraría la búsqueda de la verdad en el juicio. El equipo jurídico insiste en que solo el interrogatorio presencial posibilita reaccionar a las contestaciones de los testigos, además de confrontarlas en tiempo real con lo sucedido, y advierte que mediante escritos preelaborados el tribunal no tendría acceso al lenguaje no verbal, aspecto que considera esencial para determinar la credibilidad.
Leticia de la Hoz, abogada de Koldo, argumenta que limitarse a respuestas escritas “impide al tribunal observar la espontaneidad y el lenguaje no verbal de los testigos”, lo que constituye “elementos críticos para valorar la credibilidad de sus testimonios en una causa de esta trascendencia”, según reproduce Europa Press. Añade que Koldo enfrenta posibles penas de hasta 30 años de cárcel y que, en ese contexto, contar con la posibilidad de interrogar y repreguntar de manera presencial tiene relevancia constitucional para la defensa. Destaca también que las preguntas para Torres y Armengol no abarcarán solo la gestión de la compra de mascarillas, sino el conjunto de los hechos investigados, con lo cual la declaración no se limitará a asuntos relacionados exclusivamente con el ejercicio de sus cargos oficiales.
El desarrollo del proceso, difundido por Europa Press, coloca en el centro del debate la tensión entre la protección de las prerrogativas de altos cargos por la legislación y las garantías procesales de los encausados. La decisión del tribunal sobre la modalidad de las declaraciones podría incidir en la dinámica de las sesiones y en la obtención de pruebas relevantes para esclarecer las posibles irregularidades cometidas en la adquisición de material sanitario durante la pandemia.
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