Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalaron que la exmilitante socialista Leire Díez se encuentra bajo investigación por su implicación en presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, relacionados con la aparición de audios donde conversa con empresarios imputados que buscaban información que pudiera comprometer a miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Este contexto de investigación jurídica adquirió relevancia tras la entrega de un ‘pendrive’ de Díez al PSOE, acto que condujo a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público determinó archivar la investigación sobre el contenido del dispositivo electrónico al no encontrar pruebas concluyentes que permitieran continuar con las actuaciones reservadas, según informó Europa Press y publicó el diario El País.
La decisión de archivar las diligencias correspondió a la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, y al fiscal jefe Jesús Alonso. Ambos revisaron el material entregado, el cual incluía documentación reunida por Díez durante los últimos años. El análisis exhaustivo del dispositivo no aportó elementos novedosos ni evidencia relevante para sustentar una posible infracción penal, motivo por el cual se optó por el cierre de estas actuaciones reservadas. Europa Press añadió que la investigación se mantuvo bajo carácter confidencial desde el inicio para preservar la integridad de las pesquisas.
Leire Díez puso en manos del Partido Socialista Obrero Español el ‘pendrive’, informando que contenía “información relevante” que había recopilado progresivamente. Según reportó Europa Press, la responsable de comunicación del PSOE en ese momento, Esther Peña, explicó que el dispositivo fue entregado por Díez al entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán. Peña aseguró en declaraciones a RNE, recogidas por la agencia, que el PSOE ya había dado los pasos obligados, abriendo un expediente informativo interno con el objetivo de “conocer la verdad y después actuar”, y manifestando la voluntad del partido de que los hechos fueran esclarecidos con transparencia.
La exmilitante socialista, que ha negado reiteradamente haber participado en negociaciones, reuniones o gestiones en representación del PSOE, estuvo asociada al partido como teniente de alcalde en Vega de Pas, Cantabria, y apoyó iniciativas de comunicación en redes sociales para Pedro Sánchez. Más adelante, asumió el cargo de directora de Relaciones Institucionales en Correos, un puesto obtenido a propuesta de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete del secretario general del PSOE, según información de Europa Press.
El escándalo que colocó a Díez en el foco público giró en torno a la publicación de unos audios difundidos por diferentes medios, entre ellos Europa Press, en los que se la escucha conversando con empresarios relacionados con causas judiciales. En estos registros, según las fuentes, la exmilitante habría buscado información potencialmente perjudicial sobre miembros de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, a cambio de posibles ventajas judiciales para los interlocutores. El Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid abrió una investigación formal por estos hechos y la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias, luego archivadas, respecto al contenido digital aportado.
En un comunicado dirigido a los medios, difundido por Europa Press, Díez defendió su actuación indicando que desarrollaba labores de investigación para la publicación de un libro acerca de supuestas irregularidades dentro del Estado y negó cualquier encargo realizado en nombre del PSOE o de terceros. “Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo, y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie; ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE”, expresó.
Al margen de estas diligencias, la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene otra investigación secreta en la que también figura leire Díez, relacionada con presuntas irregularidades cometidas en contratos de empresas públicas y entidades vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Europa Press puntualizó que no se han dado a conocer los detalles de estos procedimientos, debido a la reserva judicial que los ampara.
Tras el cierre de la investigación sobre el ‘pendrive’, Europa Press confirmó que los fiscales de la Audiencia Nacional concluyeron que el dispositivo no constituye una fuente de evidencia válida para proseguir con actuaciones penales en el marco de los hechos analizados.
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