Feijóo denuncia que Sánchez "sigue haciendo caja" con el alza de los combustibles por la guerra de Irán y sin actuar

Durante los últimos ocho años, el aumento de la deuda pública, el incremento de los gastos financieros y la caída del poder adquisitivo y la productividad han centrado el debate político en España, mientras varias problemáticas afectan a millones de hogares. Esta situación ha puesto el foco en la gestión del Gobierno y ha generado críticas sobre la respuesta oficial ante el contexto de inflación, encarecimiento de productos básicos, electricidad, gas y carburantes. Según consignó Europa Press, estos temas han provocado que la oposición exija medidas concretas dirigidas a aliviar la carga sobre familias y autónomos, al tiempo que denuncia la falta de acción por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, denunció este martes que el Gobierno central "sigue haciendo caja" con el incremento de los precios de los combustibles, motivado en parte por la situación en Oriente Medio. Feijóo hizo estas declaraciones en una entrevista radiofónica, donde aseguró que la escalada del valor del gasóleo y la gasolina ha llegado a aumentar un 50% en ciertas estaciones de servicio. El medio Europa Press recogió que Feijóo puso el foco en la falta de medidas gubernamentales para contener los precios y calificó de insuficiente la respuesta del Ejecutivo, dado que existen alrededor de tres millones y medio de autónomos que afrontan dificultades para llegar a fin de mes en España.

El incremento en los precios de varios servicios básicos, como la electricidad y el gas, también ha sido motivo de crítica. Europa Press relató que Feijóo sugirió la anulación del impuesto de generación eléctrica y cuestionó por qué el Gobierno no reduce el IVA aplicado a la electricidad, el gas, el gasóleo y la gasolina, pasando del 21% al 10%. Feijóo defendió además la reducción del gravamen sobre el gasóleo utilizado por transportistas, considerando que el déficit tarifario vinculado a gobiernos anteriores ya está cubierto.

El Gobierno ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas destinadas a paliar los efectos de la guerra en Irán. Según detalló Europa Press, este plan de respuesta integral incluirá acciones estructurales y coyunturales para proteger a los sectores sociales más vulnerables y a quienes se han visto directamente afectados por el aumento de los precios.

El impacto sobre la vida cotidiana se refleja también en el encarecimiento de la cesta de la compra y la vivienda. Feijóo aseguró, basado en los datos que compartió Europa Press, que estos precios han crecido hasta un 40% y 53%, respectivamente. Esta situación afecta de manera especial a las clases medias, que según el líder del PP han visto reducido su poder adquisitivo. Feijóo señaló que el salario medio equivale actualmente al salario mínimo, interpretando esto como una señal de empobrecimiento y pérdida de convergencia con la Unión Europea.

Europa Press también transmitió la preocupación de la oposición ante el aumento de la pobreza infantil, situando a España como el país con mayor incidencia de este problema en la Unión Europea y el tercer país de la UE con el mayor riesgo general de pobreza. Otro aspecto mencionado fue el absentismo laboral creciente y un balance económico que Feijóo calificó de perjudicial para el tejido productivo nacional, al contabilizar un aumento de 500.000 millones de euros en la deuda pública durante los últimos ocho años.

En materia institucional, Feijóo se comprometió a revertir la degradación que, según el dirigente, caracteriza la gestión actual. Europa Press indicó que el líder de la oposición propone reformas para restaurar la institucionalidad, garantizar la independencia del Poder Judicial, restablecer el prestigio de organismos como el Tribunal Constitucional, los reguladores, la Fiscalía General del Estado y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Feijóo criticó el "último intento" del Gobierno para influir en la AIREF, un órgano que, según sus palabras, debería funcionar con autonomía y cuya independencia ve actualmente comprometida.

Por otro lado, el líder del PP abordó el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra y la vinculación con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sugiriendo que una sociedad instrumental pagó aproximadamente 600.000 euros a la familia de Zapatero con fondos del citado rescate. Feijóo afirmó que este asunto se encuentra actualmente en proceso judicial, señalando la necesidad de una mayor transparencia y la conveniencia de que el caso se esclarezca en la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La comparecencia de la vicepresidenta María Jesús Montero en dicha comisión fue mencionada por Feijóo, quien rememoró que Montero nombró en su momento a un responsable de la SEPI procedente de Andalucía, el cual posteriormente resultó imputado en un procedimiento judicial y, tras su salida, la presidencia de la SEPI quedó vacante durante 18 meses. Según publicó Europa Press, Feijóo denunció que este exresponsable siguió ejerciendo influencia desde un despacho privado, calificando ese comportamiento como una muestra de la falta de rigor en la administración de recursos y cargos públicos.

A nivel de infraestructuras, Feijóo también señaló problemas de gestión en el sector ferroviario. El líder popular consideró que el accidente del AVE entre Madrid y Málaga pudo estar relacionado con una vía rota durante las 22 horas previas al incidente. Además, puso en cuestión la gestión en el Ministerio de Transportes bajo la dirección de Óscar Puente, recriminando que la ciudad de Málaga permaneciera sin servicio de AVE durante toda la Semana Santa, pese a las declaraciones oficiales sobre la supuesta excelencia del sistema ferroviario español.

En resumen, las intervenciones del principal partido de la oposición reflejan una estrategia centrada en criticar la falta de medidas inmediatas para contener el impacto de la inflación, la subida de la energía y el deterioro del poder adquisitivo de la población, a la vez que se exige mayor transparencia y reformas en la gobernanza y el funcionamiento de las instituciones estatales. Según Europa Press, estas reclamaciones se enmarcan en un contexto donde el Gobierno prepara nuevas medidas, mientras la presión social y política crece por la situación económica y los recientes acontecimientos relacionados con la gestión pública y la infraestructura nacional.