Madrid, 9 mar (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha felicitado de que la Justicia haya ordenado a la Comunidad de Madrid crear el registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo, y añade: "Era la única comunidad que se negaba, derivando el 99 % a la privada. Se acabó".
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar esta herramienta recogida en la ley del aborto.
"Victoria judicial por el derecho al aborto. La justicia da la razón al Ministerio de Sanidad y obliga a Ayuso a garantizar el aborto en la sanidad pública", escribe en un mensaje en la red social X la ministra.
El Ministerio recurrió a la vía judicial después de que la Comunidad de Madrid manifestara su negativa a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley, incluso ante el requerimiento enviado por el Gobierno.
El registro de objetores es una herramienta prevista en la ley de salud sexual y reproductiva para que las comunidades autónomas puedan organizar sus recursos humanos y garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública. No es un registro nacional ni público, y sus datos son confidenciales.
Fuentes de la Consejería madrileña de Sanidad han señalado a EFE que el Tribunal Superior solo acepta la medida cautelar, sin entrar todavía en el fondo de asunto, y que pretende recurrir. EFE
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