La jueza de la dana pide al comité de emergencias un listado de llamadas a ayuntamientos de los cauces del Magro y Poyo

El responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Avelino Mascarell, quien también ocupa la alcaldía de Xeraco, prestó declaración como testigo en la investigación judicial sobre la gestión de la denominada “dana” que ocasionó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Durante su comparecencia, Mascarell mostró conformidad con aportar la factura de los teléfonos desde los cuales mantuvo comunicación el 29 de octubre con Amparo Fort, entonces alcaldesa de Chiva. Esta solicitud busca detallar tanto la hora como la duración de las llamadas, así como verificar si fueron entrantes o salientes. La jueza solicitó a la Letrada de la Administración de Justicia que deje constancia, a través de una diligencia de cotejo, de estos datos precisos referidos a la conversación entre ambos responsables municipales.

Según publicó el medio, la jueza de Catarroja, responsable de la instrucción sobre los hechos, ha cursado un requerimiento formal al Centro de Coordinación de Emergencias. En particular, a petición de FETAP-CGT, solicitó que se facilite un listado detallado de todas las llamadas telefónicas realizadas desde este organismo a las autoridades locales de los municipios situados en los cauces del Magro y del barranco del Poyo en respuesta a las alertas hidrológicas decretadas por el episodio de lluvias extremas. La magistrada pidió que en esta relación conste exactamente a qué autoridad local se dirigió el contacto, el momento en el que se realizó la llamada, la duración de la misma y si por parte de las autoridades municipales hubo algún tipo de respuesta o devolución.

De acuerdo con el mismo medio, la jueza también emitió un oficio dirigido al Ayuntamiento de Sot de Chera enfocado exclusivamente en el 29 de octubre de 2024. El objetivo consiste en que desde el consistorio se remitan todos los documentos que llegaron al correo electrónico habilitado para solicitar la colaboración ciudadana. En ese contexto, el Ayuntamiento pidió a la población el envío de imágenes, ya fueran fotografías o vídeos, del municipio tomadas antes, durante o después del episodio de lluvias torrenciales, con vistas a la producción de un vídeo profesional que recogiera la totalidad de los acontecimientos registrados en el municipio relacionados con la dana.

Según detalló la misma fuente, la actuación judicial se amplió mediante solicitudes dirigidas al propio Centro de Coordinación de Emergencias. En este caso, la jueza acordó requerir a esta entidad todas las grabaciones almacenadas en la plataforma integral de gestión de emergencias, conocida como Coordcom. El objetivo consiste en recabar las comunicaciones que pudieron haberse producido entre el jefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias y el alcalde de Sot de Chera, cubriendo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2024.

Tal como informó el medio, el proceso de recopilación de evidencias comprende no sólo las comunicaciones oficiales y telefónicas, sino también la documentación de la interacción digital realizada por los organismos públicos. A raíz de una solicitud presentada por Acció Cultural del País Valencià, la jueza pidió a la Conselleria de Emergencias la remisión de todas las publicaciones realizadas desde la cuenta oficial de Twitter/X @GVA112 (Emergències 112 CV), además de las menciones y retuits que incluyeran contenido, entre las 12:00 horas del 24 de octubre y las 00:00 horas del 30 de octubre de 2024. También exigió el envío de los audios o vídeos incorporados por las personas que participaron en estas interacciones.

Por otra parte, en respuesta a un requerimiento del grupo Ciudadanos, la jueza instó a las agencias de noticias a remitir los teletipos distribuidos el 29 de octubre relativos a la situación generada por el temporal y sus consecuencias, de acuerdo con lo consignado por la fuente original.

Estas medidas se encuentran enmarcadas dentro de una providencia reciente emitida este lunes y forman parte de la investigación que apunta a esclarecer las actuaciones previas y posteriores al desastre, así como los mecanismos de coordinación institucional ante una situación de emergencia de gran magnitud. Cada nuevo requerimiento busca reconstruir con detalle el flujo de información y de órdenes entre los distintos niveles de la administración pública y las autoridades locales, desde la emisión de alertas hidrológicas hasta la gestión de los avisos, intervenciones y comunicaciones realizadas durante y después de la catástrofe. Según reportó el medio, la investigación permanece abierta y en proceso de recopilación de material probatorio de cara a determinar posibles responsabilidades en la gestión de una emergencia con saldo trágico para el territorio valenciano.