
El equipo psicosocial asignado al caso concluyó que la versión proporcionada por la menor coincide con los patrones considerados habituales en situaciones de abuso sexual infantil. Además, no identificó señales que apunten a una invención de los hechos narrados. Esta declaración formó parte clave de la vista oral realizada este jueves a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, donde la Fiscalía solicitó una condena de doce años de prisión para el acusado y una indemnización económica, mientras que la defensa mantuvo la petición de absolución.
Según informó el medio, el proceso judicial involucra a un padre acusado de agredir sexualmente a su hija menor en Puertollano desde que la menor tenía once años. El acusado negó todas las acusaciones durante la vista, defendiendo su inocencia ante el tribunal. De acuerdo con lo publicado, el abogado defensor argumentó que los hechos son falsos y solicitó la libre absolución para su cliente.
Durante la sesión, la intervención del equipo psicosocial fue determinante. Según publicó el medio, estos profesionales detallaron que los relatos de la presunta víctima se mostraron persistentes y coherentes a lo largo del tiempo, lo que, en su análisis, los hace compatibles con los indicadores reconocidos para casos de abusos sexuales a menores. El informe presentado no halló elementos que sugirieran que la menor había fantaseado o fabulado los acontecimientos denunciados.
El Ministerio Fiscal, según consignó el medio, sostuvo la acusación por un delito de agresión sexual, insistiendo en la solicitud de una pena de doce años de prisión. Además, pidió que se impusiera al acusado una orden de restricción que le impida aproximarse o comunicarse con la víctima durante cinco años tras el cumplimiento de la condena de prisión.
En lo que respecta a la responsabilidad civil, la Fiscalía reclamó una indemnización de 50.000 euros en favor de la menor como compensación por los daños morales derivados de los hechos denunciados. Por su parte, la acusación particular respaldó en líneas generales las peticiones del Ministerio Fiscal, aunque elevó la cuantía de la indemnización solicitada a 60.000 euros, alegando la necesidad de compensar de manera adecuada el perjuicio sufrido por la víctima.
El juicio quedó visto para sentencia tras la celebración de la vista oral y la presentación de las argumentaciones y pruebas por las distintas partes. El tribunal deberá valorar tanto el testimonio de la menor avalado por el equipo psicosocial como la negativa rotunda del acusado y los razonamientos presentados por la defensa, quien insiste en que no existen pruebas concluyentes y considera que las acusaciones carecen de fundamento.
El caso acaparó la atención en la provincia debido al impacto social de los hechos denunciados y la naturaleza sensible del proceso. El medio informó que la vista se llevó a cabo a puerta cerrada, tal y como es habitual en procedimientos que involucran a menores o delitos contra la libertad sexual, en aras de proteger la intimidad y el bienestar de la presunta víctima.
De acuerdo con información recogida por el medio, aún resta que el tribunal emita una resolución definitiva sobre la culpabilidad o inocencia del acusado y fije, en su caso, las posibles responsabilidades penales y civiles que correspondan según los hechos valorados y las pruebas practicadas durante el juicio.
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