
Gabriel Rufián, representante de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, resaltó la magnitud de las consecuencias generadas por la gestión del expresidente valenciano Carlos Mazón durante el episodio meteorológico extremo que golpeó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, enfatizando que 230 personas perdieron la vida durante aquellas inundaciones. En declaraciones recogidas por los medios, Rufián consideró pertinente la apertura de investigaciones judiciales y expresó que, desde su perspectiva, Mazón debería enfrentar consecuencias penales. El medio consignó que Rufián afirmó en los pasillos del Congreso: “Es un homicida imprudente con 230 muertos a sus espaldas, qué menos que acabe en la cárcel”.
Según publicó la prensa, la jueza que instruyó el caso de la dana en Catarroja propuso oficialmente la investigación de Mazón. El medio informó que esta propuesta consiste en una exposición razonada dirigida a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que se solicita examinar la posible responsabilidad del expresidente autonómico por lo que la magistrada calificó como “inactividad negligente” durante la catástrofe. La petición se dirige al TSJCV porque Mazón mantiene su condición de aforado al no haber renunciado a su escaño como diputado en las Cortes Valencianas.
Tal como detalló la publicación, la decisión judicial surge tras analizar los acontecimientos del 29 de octubre de 2024, cuando intensas lluvias derivaron en riadas que afectaron gravemente a varias zonas de la provincia de Valencia. En ese contexto, la jueza consideró que la actuación, o la falta de acción, por parte de Mazón podría haber tenido un peso determinante en el alcance de los daños personales y materiales registrados.
Según informó el medio, la figura del aforamiento de Mazón implica que cualquier procedimiento judicial en su contra debe tramitarse ante el tribunal superior autonómico. Este privilegio, reconocido mientras ostente la condición de parlamentario en las Cortes Valencianas, impide que la causa continúe en un juzgado ordinario. Esta circunstancia ha motivado que la exposición razonada de la jueza se canalice al TSJCV, donde se decidirá si procede o no investigar al exjefe del ejecutivo valenciano por presuntos delitos asociados a su pasividad ante la crisis.
El medio también detalló que la intervención de Rufián refuerza la presión política sobre el caso, sumándose a voces que demandan responsabilidades institucionales por la magnitud de la tragedia. La afirmación del portavoz de ERC subraya la dimensión de la pérdida de vidas humanas y la percepción de que se produjeron fallas graves en la gestión del desastre natural.
Con la presentación de la exposición razonada, el procedimiento queda ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que deberá analizar los argumentos de la jueza y considerar si existen indicios suficientes para iniciar una investigación formal sobre la gestión de Carlos Mazón durante uno de los temporales más severos en la historia reciente de la región valenciana.
El seguimiento judicial de este caso se produce mientras persisten demandas ciudadanas de esclarecimiento y posibles responsabilidades por los daños sufridos. Según consignó la prensa, las diligencias propuestas por la jueza y el respaldo de voces parlamentarias como la de Rufián refuerzan la expectativa de que los hechos anteriores al 29 de octubre y las acciones de los responsables políticos sean analizados en detalle por los órganos competentes.
La tramitación de esta solicitud y la valoración que efectúe el TSJCV podrían marcar un precedente en materia de responsabilidad institucional ante fenómenos meteorológicos de gran impacto y las consecuencias de la gestión pública frente a emergencias de carácter excepcional.
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