La jueza de la dana critica "teorías descabelladas" de cifras de víctimas al ser "una falta de respeto" a su memoria

Las afirmaciones que circulan en medios de comunicación y redes sociales sobre cifras de víctimas mortales supuestamente superiores a las oficialmente reconocidas han generado preocupación judicial en la provincia de Valencia. La jueza encargada de la causa por las inundaciones mortales ocurridas el 29 de octubre de 2024 en Valencia ha calificado de "falta de respeto" a la memoria de las víctimas la difusión de teorías que hablan de centenares de muertos no contabilizados. Según informó Europa Press tras consultar el informe elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la magistrada sostiene que estas versiones, que estiran los datos desde 500 hasta 1.000 fallecidos o incluso más, carecen de fundamento y perjudican tanto a las víctimas reales como a sus familiares.

En su exposición razonada, la jueza insiste en que los 230 fallecidos originados por la tragedia han sido identificados y sus circunstancias precisadas caso por caso. Según publicó Europa Press, la magistrada expone de forma detallada cómo ocurrieron los fallecimientos: en domicilios particulares, garajes, accidentes en desplazamientos y en la vía pública. Para cada caso, argumenta que fue posible emitir avisos a la población que pudieron prevenir las consecuencias fatales. La omisión de esta alerta se convierte, a juicio de la instructora, en un elemento clave para investigar eventuales responsabilidades.

El documento remitido al TSJCV solicita una investigación contra el expresidente de la Generalitat y actual diputado, Carlos Mazón, así como contra la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su ex número dos, Emilio Argüeso. Según consignó Europa Press, la petición de la jueza se basa en lo que considera una "inactividad negligente", que describe como "grosera", en la gestión de la crisis por parte de los cargos con capacidades de decisión al más alto nivel.

La jueza diferencia los distintos grados de responsabilidad: por un lado, identifica presuntas negligencias en la coordinación y manejo de la emergencia en los llamados niveles dos, cero y uno, correspondientes a la consellera y el secretario autonómico, respectivamente, pero insiste en que estas no desvirtúan la "absoluta pasividad" y "ajenidad ante la gravedad de lo sucedido" que detecta en el ámbito de la Presidencia de la Generalitat. Según detalla Europa Press, el informe subraya la falta de coordinación entre diferentes consellerias y argumenta que este déficit justifica una investigación por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes.

El texto remitido al tribunal reitera con énfasis que las teorías sobre centenares de víctimas no reconocidas distorsionan el verdadero alcance de la tragedia y desinforman a la opinión pública. La magistrada considera que la permanencia de tales rumores es "especialmente grave" cuando proceden de personas implicadas en el procedimiento judicial. Alertó además de que difundir datos ficticios en este contexto contribuye a la confusión social y diluye la atención sobre las responsabilidades reales. "Frente al dolor permanente por la pérdida real de las vidas, pretenden situar al mismo nivel una fantasmagoría en la que centenares de muertos y desaparecidos no contabilizados se sumarían a los reales", indicó la jueza, citada por Europa Press.

El análisis judicial subraya que la generación y propagación de cifras infladas no solo constituye una falta de rigor, sino que afecta la labor de esclarecimiento de los hechos y el respeto debido a las víctimas y sus allegados. Según reportó Europa Press, la jueza solicita al TSJCV que investigue a los principales responsables políticos por no haber actuado con la diligencia necesaria, considerando que de acuerdo con la normativa vigente, el presidente tenía capacidad de ordenar y coordinar acciones inmediatas, así como de dictar instrucciones desde organismos como el Cecopi y consellerias involucradas.

El estudio incluido en la exposición razonada enfatiza que los fallecimientos se distribuyeron en distintos momentos, no todos en la misma jornada de la gota fría, y destaca que la evaluación individual de cada caso es esencial para evitar confusiones generadas por cálculos globales sin base real. Además, la magistrada subraya que la "parálisis" en la toma de medidas entre las instancias responsables revela una gestión insuficiente de la emergencia.

La jueza expresa que la omisión de alertas y la falta de actuaciones concretas y oportunas carecen de justificación, ya que cada escenario contaba con vías legales y técnicas para la intervención. Señala, asimismo, que la normativa contemplaba la posibilidad de emitir mensajes de emergencia de forma coordinada para minimizar riesgos y daños a la población, algo que, según su informe, no se hizo de manera eficaz ni coordinada.

La gravedad de las acusaciones vertidas por la magistrada, siempre según los datos obtenidos por Europa Press, reside en que apunta directamente a la máxima autoridad del gobierno autonómico como responsable de la falta de respuesta. Esta perspectiva se centra en la imputación potencial no solo por omisiones puntuales sino por una dinámica generalizada de inacción al frente de la gestión de la crisis.

Con respecto a los datos y cifras oficiales, la jueza concluye en su informe que solo la lista concreta de las 230 víctimas, depurada y comprobada, debe considerarse como válida en la causa judicial, descartando tajantemente las versiones infladas que circulan en el espacio público y reiterando que estas teorías contribuyen a desvirtuar el proceso de memoria y justicia que corresponde a los afectados por la tragedia. Europa Press difundió el texto de la magistrada, quien insiste en mantener el foco en el esclarecimiento de responsabilidades y en el respeto a los fallecidos y sus familias en todas las fases de la investigación.