De acuerdo con la resolución judicial, la magistrada que supervisa la investigación sobre la gestión de la gota fría que azotó la provincia de València el 29 de octubre de 2024, causando 230 víctimas mortales, solicitó a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) el historial completo de llamadas del teléfono corporativo del chófer asignado al entonces presidente Carlos Mazón. El objetivo de esta petición es determinar con precisión a qué hora durante la tarde de esa jornada el conductor recibió la instrucción para regresar antes de dirigirse al Cecopi, el Centro de Coordinación Operativa Integral en l’Eliana. La medida surge tras confirmarse la conformidad del testigo principal, el propio chofer, quien ofreció detalles sobre los acontecimientos en su declaración ante el juzgado, ocurrida el viernes anterior a la solicitud, según consignó el medio original.
El medio informó que, según el testimonio aportado por el conductor, el sistema de alerta Es-Alert, enviado a la población a las 20:11 del 29 de octubre, se activó mientras él y el entonces presidente se encontraban todavía en València y no habían llegado a l’Eliana, su destino programado. El chófer relató en sede judicial que tras finalizar la jornada sobre las 19:00, tenía planeado ir a repostar gasolina junto con el vehículo de los escoltas, pero el plan cambió cuando recibió una llamada desde la secretaría de Mazón requiriendo que regresara de inmediato al Palau. “Dimos la vuelta y volvimos al Palau”, afirmó el testigo, según la transcripción hecha por el medio.
Los registros de las cámaras de seguridad permitieron establecer que la comitiva llegó finalmente al Cecopi a las 20:28. La jueza pretende ahora contrastar esos datos con las comunicaciones emitidas y recibidas entre las 19:00 y las 20:00, lapso clave durante el cual se habría producido la llamada fundamental de la directora general de la secretaría de Presidencia, instruyendo el regreso al Palau.
Según detalló el medio, la magistrada requirió que la Letrada de la Administración de Justicia inspeccione el listado extraído del dispositivo móvil corporativo, con el fin de precisar tanto la hora exacta en que el conductor recibió la instrucción de la vuelta al Palau, como el momento en que este avisó al escolta sobre el cambio de planes. Esta labor busca establecer con rigor la secuencia de acontecimientos preámbulo al desplazamiento de la comitiva, información considerada relevante para esclarecer los hechos objeto de la investigación sobre la respuesta institucional durante la emergencia.
El registro de llamadas solicitado, informaron las fuentes judiciales, incluye tanto los contactos entrantes como salientes asociados al teléfono oficial destinado al chófer de Mazón, durante el periodo de revisión marcado por la jueza. Se trata de un paso en la instrucción que responde a la necesidad de constatar las comunicaciones oficiales que pudieron influir en los tiempos de traslado y, en consecuencia, en la gestión de la emergencia.
En el contexto de la investigación, la titular del juzgado de Catarroja tomó la decisión luego de que el conductor explicara bajo juramento que la llamada de la secretaria determinó que no completaran el repostaje de gasolina y retornaran con urgencia al Palau antes de partir hacia el Cecopi. Según lo recogido por el medio de origen, el testimonio del chofer pone el foco en las instrucciones directas recibidas desde el entorno de Presidencia y en la coordinación del dispositivo de traslado en una de las jornadas consideradas críticas.
La revisión de las comunicaciones, solicitada a la DGTIC, pretende aportar claridad sobre el momento exacto en que la instrucción desde la secretaría de Presidencia alteró la ruta programada, lo que podría resultar determinante para establecer la secuencia de actuaciones institucionales y personales previas a la llegada al centro de mando de la emergencia. Tal como publicó el medio, la magistrada confía en que este procedimiento arroje luz sobre los hechos, mientras prosigue el análisis de las actuaciones de los responsables públicos ante la situación extrema generada por el episodio de la dana.
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