Fiscalía pide 5 años para el exdirector de una escuela de Barcelona por acoso al denunciante de un cura pedófilo

El sacerdote de la congregación resultó condenado por posesión de material pornográfico infantil en marzo de 2023, luego de que el informático del colegio alertara a la policía sobre los hallazgos en su ordenador. La denuncia inicial del técnico desencadenó una cadena de acontecimientos que, según el Ministerio Público, provocó represalias laborales y personales contra este empleado. Según reportó Europa Press, la Fiscalía solicita cinco años y tres meses de prisión tanto para el exdirector ejecutivo de la escuela Pare Manyanet de Sant Andreu, en Barcelona, como para el directivo responsable de la Unidad de Cumplimiento Normativo de la congregación, acusándolos de acoso laboral, coacciones y obstrucción a la justicia.

El origen del caso se remonta a marzo de 2021, cuando el sacerdote, rector de la parroquia y miembro de la congregación, requirió al informático que reparase su equipo informático, reveló Europa Press. El especialista detectó 39 GB de vídeos que mostraban agresiones sexuales a menores. Tras el hallazgo, informó de inmediato a los Mossos d’Esquadra, quienes le solicitaron que mantuviera el equipo sin informar a terceros mientras preparaban la intervención de la unidad investigadora. Conforme a los hechos presentados por el Ministerio Público y recogidos por Europa Press, el técnico atendió las instrucciones policiales y, en las siguientes 48 horas, los Mossos incautaron el ordenador y arrestaron al religioso por presunta tenencia de pornografía infantil.

La reacción dentro de la escuela fue inmediata. Luego de la detención, el entonces director ejecutivo recriminó al informático por no haber alertado primero a la institución ni “haber mantenido la boca cerrada”, acusándolo de dañar la reputación del colegio y de violar la intimidad del miembro de la congregación, según se desprende del escrito de acusación citado por Europa Press y publicado por ‘El Periódico de Catalunya’. El proceso continuó con la apertura de un expediente informativo en Semana Santa de 2021 por parte del responsable de Compliance, en el que se califica la denuncia del técnico como un supuesto delito de revelación de secretos. El informático fue notificado de la investigación en esas fechas.

De acuerdo con la Fiscalía, finalizadas las vacaciones, al informático se le impuso el teletrabajo, dificultando que pudiera desempeñar sus funciones técnicas de gestión informática, dado que estas requerían presencialidad. Esta situación, recogida tanto por Europa Press como en el escrito del Ministerio Público, supuso en la práctica una suspensión del empleo sin comunicación formal de despido. Paralelamente, mientras el caso avanzaba en los medios, la escuela envió un comunicado a las familias del alumnado, respaldando formalmente la actuación del técnico y afirmando que su proceder había protegido los derechos de los menores, sin adoptar –según afirmaba la dirección en la nota informativa– medida de castigo alguna contra el profesional.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que desde la administración del centro se requirió varias veces al informático que entregase sus datos de acceso y contraseñas, hasta que en octubre de 2021 el empleado aceptó un despido calificado como procedente, debido a que no podía continuar desempeñando su labor en tales condiciones. El Ministerio Público destaca este proceso como una estrategia para generar un ambiente laboral adverso, orientado a lograr la rescisión del vínculo contractual del informático. Como consecuencia de estos hechos, la Fiscalía pide que tanto el exdirector como el responsable de Compliance, junto a la congregación Hijos de la Sagrada Familia en calidad de responsable subsidiaria, indemnicen al trabajador afectado con 10.000 euros por lesiones psíquicas y 20.000 euros adicionales por daños morales.

Según publicó Europa Press, fuentes de Escoles Manyanet sostienen que al informático solo se le abrió un expediente informativo y no sancionador, negando que la actuación desembocase en una sanción directa. Añaden que, tras su despido, fue el propio técnico quien denunció a la institución por acoso laboral. Estas fuentes explican que el exdirector, al conocer la intervención policial, solo reprochó al técnico el no haber comunicado a la dirección la situación varios días antes, insistiendo igualmente en que el responsable del área de cumplimiento normativo actuaba como un servicio externo y no como personal propio del centro.

La condena al sacerdote referente de este proceso se acordó tras la denuncia facilitada gracias a la intervención del informático, según concluyeron fuentes judiciales citadas por Europa Press. El caso continúa desarrollándose ante los tribunales con la acusación del Ministerio Público dirigida hacia los directivos implicados, incluidas las solicitudes de prisión y resarcimiento económico a favor del denunciante.