Marlaska, sobre la querella por agresión sexual del DAO: "No sabíamos nada y, ante la gravedad, se pidió la renuncia"

El ministro del Interior ha solicitado la apertura de una investigación reservada sobre el comisario y asesor del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Óscar San Juan González, por supuestas coacciones hacia la agente denunciante. Según declaraciones recogidas por la prensa antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Fernando Grande-Marlaska indicó que esta medida busca esclarecer las acusaciones en las que se apunta a que se ofertó un puesto dentro de la Policía a la víctima. Al mismo tiempo, el ministro anunció que pidió relevar de sus funciones actuales al comisario mientras se estudia el caso y se adoptan medidas al respecto.

De acuerdo con la información facilitada por el medio, Grande-Marlaska detalló que la denuncia por presunta agresión sexual contra el DAO, José Ángel González, se desconocía por completo hasta el día anterior. El ministro subrayó que en el momento en que el Ministerio tuvo noticia de la denuncia, se tomó la decisión de separar de manera inmediata a González del cargo. En palabras textuales, Grande-Marlaska afirmó: “Evidentemente no sabíamos nada, si hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer”.

El titular de Interior también señaló que la existencia de la denuncia se mantuvo en secreto hasta la tarde del martes. Según el propio abogado de la agente denunciante, la confidencialidad de la demanda se guardó hasta ese momento para preservar la investigación, lo que, a juicio de Marlaska, constituye la “prueba más concreta” de que el Ministerio no estaba al tanto previamente. El ministro insistió en que ni los sindicatos policiales ni los medios se habían hecho eco de la denuncia o de rumores relativos a una posible agresión sexual, refutando especulaciones sobre una posible inacción previa por parte del Gobierno y de la cúpula policial.

La renuncia de José Ángel González como máximo responsable operativo de la Policía Nacional se produjo después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid lo citara como investigado al admitir a trámite la querella por supuesta agresión sexual a una subalterna. Esta decisión judicial desencadenó la respuesta inmediata del Ministerio del Interior, que, según publicó la fuente, consideró indispensable proceder al cese en aras de salvaguardar la reputación de la institución policial. El propio Grande-Marlaska subrayó que “por la gravedad de los hechos y para preservar el prestigio de la Policía, requerirle la renuncia y, caso de que esto no fuera inmediato, el cese inmediato del director adjunto operativo” era la única salida posible.

Tal como consignó el medio, José Ángel González Jiménez llevaba desde 2018 en el cargo de DAO, al que accedió bajo el mandato de Grande-Marlaska como ministro del Interior y Francisco Pardo Piqueras como director general de la Policía. La trayectoria de González en la Policía Nacional comenzó en 1984, lo que le convirtió en una de las figuras con más antigüedad dentro del cuerpo.

En noviembre de 2024, el Ministerio del Interior había modificado mediante un real decreto de medidas por la Dana de Valencia el límite de edad para la permanencia en el puesto, manteniendo a González en el cargo pese a haber cumplido 65 años y alcanzado la edad de jubilación. Esta decisión fue motivo de polémica entre partidos de la oposición y algunos sectores policiales, que cuestionaron la legalidad y la oportunidad de la medida.

El proceso judicial en curso y las actuaciones internas abiertas por Interior plantean nuevas incógnitas respecto al funcionamiento de los controles y los mecanismos de detección ante denuncias de este tipo en el seno de la Policía Nacional. La investigación sobre presuntas coacciones agrava la situación y obliga al Ministerio a tomar medidas para garantizar la transparencia del procedimiento y la protección de los derechos de los implicados. Todas estas acciones forman parte de la política que, según ha manifestado el ministro, busca actuar con “contundencia” cuando se detecta una infracción grave, siendo esta actuación inmediata una muestra de la respuesta institucional frente a casos que afectan a la imagen pública y a la integridad de los cuerpos de seguridad.