La jueza de la dana cita como testigos a 31 agentes medioambientales y 8 bomberos forestales

En un auto reciente, la jueza instructora precisó los criterios para la selección de testigos, considerando innecesario ampliar el número de profesionales citados ni requerir detalles sobre posibles bajas laborales o vacantes en los equipos destinados al control hídrico y forestal. Según consignó el medio, la magistrada señaló que la suma de agentes y bomberos identificados por el ministerio fiscal y el Centro de Coordinación de Emergencias resulta suficiente para los fines de la investigación penal que se sigue en torno a la gestión de la depresión aislada en niveles altos (dana) de 2024 en la provincia de Valencia.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el Juzgado de Instrucción de Catarroja ha emitido una resolución que convoca a 31 agentes medioambientales o guardias fluviales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Conselleria de Medio Ambiente, junto con ocho bomberos forestales pertenecientes a la Generalitat. Estos profesionales fueron designados como testigos en el marco de la investigación sobre la intervención en el control de barrancos y vigilancia del río Magro y el Barranco del Poyo durante el episodio de lluvias intensas registrado el 29 de octubre de 2024.

El medio detalló que la decisión judicial responde a una resolución de la Audiencia Provincial de Valencia que, en diciembre del año anterior, estimó parcialmente un recurso de apelación promovido por una acusación particular. Esa resolución abogó por identificar y tomar declaración a los agentes medioambientales, considerando que la información en su poder podría resultar relevante. La magistrada de Catarroja, al fundamentar su decisión, remarcó en el auto la pertinencia de las declaraciones de estos testigos en función del área y sector en el que desplegaron actividades durante la emergencia.

La lista de citados abarca a profesionales distribuidos según las demarcaciones y sectores clave implicados en la gestión de los caudales. El medio especificó que, respecto a los agentes o guardas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se incluyen el jefe de zona de la zona centro, el responsable de la subzona Valencia centro, y los agentes medioambientales que operaron en los sectores 51, 52, 53 y 54 de esa subzona. También figuran el guarda fluvial del sector 55, el responsable de la subzona Valencia norte, así como agentes de los sectores 63 y 65 de esa subzona.

Por la parte de los bomberos forestales, la jueza instruyó la citación de miembros vinculados a diferentes unidades asignadas a la supervisión del río Magro —particularmente al área del puente de Carlet— y al Barranco del Poyo, en las áreas de Torrent, Picanya y Paiporta. Según consta en el oficio de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), los convocados incluyen dos bomberos forestales, el conductor de autobomba y el responsable de unidad de la base de Alzira que actuó en el Magro, además del encargado que estuvo al frente del operativo en el Barranco del Poyo.

El acuerdo también contempla a los agentes medioambientales adscritos a la Conselleria de Medio Ambiente, seleccionados en función de los municipios incluidos en su ámbito de actuación y la relación de estos con los hechos investigados. La resolución detalla citaciones para el jefe de comarca y el agente de Sot de Chera dentro de la demarcación de Chelva. En Requena, la responsable de comarca y los agentes asignados a Alborache y Siete Aguas deberán comparecer. Para la comarca de Llíria, se requiere la presencia del jefe de comarca y de agentes a cargo de municipios como L'Eliana, Quart de Poblet, San Antonio de Benagéber, Chiva, Casinos, Chera, Llíria, además de zonas como Requena, Picassent, Alcàsser, Beniparrell y Silla.

La instrucción judicial no omitió la demarcación de Polinyà de Xúquer/Alzira. Allí se ha requerido la comparecencia del jefe de comarca y agentes activos en Valencia (Albufera Nord, Pinedo, L'Olivaret), Turís, Alfarb, Benifaió, Alginet, Algemesí. Asimismo, están convocados el jefe de zona y agentes cuyos municipios de referencia son Llombai, Real y Alzira.

El medio informó que, si bien la resolución ya ha definido el conjunto de profesionales que deberán declarar, sigue sin fijarse una fecha concreta para las comparecencias. La instrucción resalta que la presencia de este grupo de testigos responde tanto a las indicaciones de la Audiencia Provincial como a los informes del ministerio fiscal, lo que ha llevado a desestimar la necesidad de ampliar más allá del personal ya identificado en los distintos informes y oficios remitidos a la causa.

Por último, la documentación revisada por el juzgado sostiene que la intervención de estos agentes y bomberos resulta central para esclarecer la actuación de los organismos públicos en el control y vigilancia de cauces fluviales y barrancos durante el episodio de la dana de finales de octubre de 2024 en la provincia de Valencia.