La defensa del hombre que mató a un anciano alega que sufrió un arrebato por el 'síndrome del cuidador quemado'

Entre los elementos aportados durante la audiencia judicial se incluyen las transferencias bancarias realizadas por el acusado tras la muerte de la víctima, así como la localización en su domicilio de una caja fuerte con 60.000 euros y una caja de cartón con 580 euros. Estos hallazgos forman parte de la investigación en curso en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se juzgan los hechos ocurridos en julio de 2023 en San Martín de Valdeiglesias. Según reportó Europa Press, el proceso penal avanza con la petición de la pena máxima por parte de la Fiscalía tras el fallecimiento violento de un octogenario bajo su cuidado.

De acuerdo con la información de Europa Press, la Fiscalía solicita prisión permanente revisable para el acusado, además de seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida, como consecuencia del uso de las cuentas bancarias del fallecido. El acusado, que prestaba servicios como cuidador del anciano, enfrenta cargos de asesinato luego de que el Ministerio Público considerara probado que acabó con la vida del hombre mediante asfixia, según estableció el informe de la autopsia. El proceso judicial incluirá los informes finales y la intervención del acusado en la última jornada del juicio.

La defensa ha basado su estrategia en la alegación de que el procesado sufrió un arrebato producto del denominado “síndrome del cuidador quemado”, un argumento legal que busca obtener una atenuante y evitar la imposición de la prisión permanente revisable. El abogado del acusado presentó esta circunstancia ante el tribunal, buscando influir en la valoración de la responsabilidad penal por parte del jurado.

Durante la fase testifical, reportó Europa Press, la esposa del acusado se acogió a su derecho a no declarar. No obstante, fue ella quien inicialmente dio el aviso a la Guardia Civil acerca del crimen. El informe policial presentado durante el juicio señala que la investigación se inició tras la denuncia interpuesta por la cónyuge, quien aseguró que su marido era responsable de la muerte del anciano que tenía a su cargo.

También compareció en juicio la asistenta doméstica del acusado, quien manifestó que el procesado le solicitó ayuda para desplazar una caja hecha de tableros y que contenía un bidón en cuyo interior se encontraba el cadáver de la víctima. Europa Press detalló que la Guardia Civil encontró dicha caja durante la inspección del vehículo del acusado en el desarrollo de la investigación.

El instructor de la Guardia Civil que intervino en la causa relató cómo, tras las declaraciones de la esposa, los agentes localizaron el coche sospechoso en una finca rural de Ávila y aseguraron la zona considerándola escena del crimen. Según relató en sede judicial, al llegar a la finca, el propio acusado confesó haber asfixiado a la víctima y manifestó su estado de nerviosismo, al punto de expresar ideas suicidas. De acuerdo con el testimonio del guardia, el imputado dijo: “He hecho cosas muy malas”.

En el registro del automóvil, los agentes hallaron la caja que contenía el bidón de plástico, envuelto a su vez en una bolsa negra. Uno de los agentes que participó en la intervención describió como “un poco macabro el cómo le localizamos. Encontramos unos polvos blancos y el cuerpo de un anciano. Llevaba la pulsera del hospital”, según consignó Europa Press.

A raíz de la investigación, los agentes procedieron a incautar varios teléfonos móviles del acusado, comprobando en los equipos la existencia de transferencias bancarias recientes realizadas desde la cuenta del fallecido. En la vivienda de la familia ubicada en San Martín de Valdeiglesias, hallaron también la caja fuerte con dinero en efectivo y objetos relacionados con la víctima.

Europa Press comunicó que el vínculo laboral entre el acusado y la víctima se remontaba a años atrás, cuando el anciano, debido a su avanzada edad y necesidad de asistencia constante, había decidido contratar al ahora procesado. Residía originalmente en la Avenida de Abrantes, en Madrid, pero ante el deterioro de su estado de salud, optó en 2022 por trasladarse a la vivienda del cuidador y su familia.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos comenzaron tras el alta hospitalaria del octogenario el 12 de julio de 2023. El acusado lo recogió y durante el trayecto a su domicilio se produjo una discusión, indicaron fuentes judiciales citadas por Europa Press. Pasada la discusión, el conductor detuvo el coche cerca de la carretera M-501, en las inmediaciones de una gasolinera en el término municipal de Brunete. Allí se produjo el ataque que, de acuerdo con el relato fiscal, culminó con el estrangulamiento de la víctima.

El examen forense confirmó que la causa de la muerte fueron lesiones graves en el cuello, compatibles con asfixia, según se señaló en el juicio. Posteriormente, el acusado trasladó el cadáver hasta su domicilio, colocándolo en el trastero dentro de un bidón de plástico y, días más tarde, compró cal de construcción para tratar de retrasar la descomposición del cuerpo. Además, fabricó una caja de madera con el propósito de ocultar el recipiente.

El relato recogido por Europa Press destaca que el 19 de septiembre de 2023, tras confesar los hechos a su esposa, el acusado decidió mover el cuerpo, que extrajo del trastero usando una carretilla para cargarlo en su vehículo, supuesto paso previo a intentar deshacerse del cadáver. Acto seguido, se desplazó hasta una finca ubicada en el paraje Zarramudo, dentro del municipio de Sotillo de la Adrada, Ávila, propiedad de una amiga de la familia. En ese lugar fue sorprendido por la Guardia Civil, que intervino el vehículo y localizó el cuerpo.

Durante la detención, los agentes hallaron dos tarjetas bancarias a nombre del fallecido dentro de la cartera del cuidador. La investigación detalló que durante el tiempo de vida del anciano, el acusado solía emplear las tarjetas para extraer dinero en efectivo o realizar compras bajo autorización, según Europa Press. No obstante, la Fiscalía sostiene que, tras el fallecimiento, se mantuvo el uso de dichas tarjetas con el objetivo de apropiarse de fondos y transferirlos al patrimonio propio del acusado, lo que constituye el delito de apropiación indebida que se le imputa.

El juicio continuará con la presentación de los informes finales y la declaración final del acusado. El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid deberá determinar si se acepta la versión de la defensa sobre el síndrome del cuidador quemado o si se le impone la condena máxima solicitada por la Fiscalía.